Critican instalación de plantas a carbón en Baní

BANÍ. Los participantes en un panel sobre el proyecto de instalación de plantas a carbón en Punta Catalina, provincia Peravia, consideraron que  este carece de transparencia y se ejecuta en violación a la ley medioambiental.

Los expositores del panel, efectuado en el cine teatro Vaganiona, coincidieron en que las autoridades gubernamentales no han mostrado a la opinión pública los detalles técnicos de estas plantas ni un estudio de impacto ambiental, pese a invirtir una gran cantidad de dinero en la promoción de ese proyecto en los medios de comunicación.

Igualmente, coincidieron en señalar que las obras civiles de la construcción de estas plantas se iniciaron sin contar con el correspondiente permiso ambiental, lo que es una flagrante violación a la Ley 64-00 de Medio Ambiente. 

Al hacer el resumen de las conclusiones del panel, el exministro de Medio Ambiente, Max Puig, manifestó que "está claro que en este proyecto nada está claro: Ni las características técnicas de las plantas, ni el financiamiento de estas, ni el proceso de licitación que otorgó el contrato, que ha sido impugnado por una de las empresas participantes".

Además de Puig, en el panel participaron como expositores el profesor José Luis Moreno San Juan, de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y el periodista Felipe Ciprián. Se esperaba la participación del vicepresidente de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CEDEEE), Rubén Jiménez Bichara, pero no asistió.

 

Al pronunciar las palabras de apertura, el profesor Rafael Aguasvivas, director de la extensión de la UASD en la provincia Peravia, destacó la misión de esa academia de contribuir a dilucidar los grandes problemas del país. 

El dirigente comunitario, Héctor Turbí, leyó a nombre de las organizaciones agrupadas en  el Comité para la Defensa de la Salud, el Medio Ambiente y la Agropecuaria de Peravia un documento en el que demandan que la CDEEE detenga los trabajos del proyecto en Punta Catalina, hasta tanto se ponga al día con la Ley 64-00 de Medio Ambiente y se esclarezcan las irregularidades denunciadas.

Las organizaciones solicitaron que los ayuntamientos de Baní, Nizao y Catalina, las once juntas distritales y la mancomunidad de Valdesia, se abstengan de entregar a la CDEEE los permisos correspondientes, hasta que sean entregados los estudios de impacto ambiental que exige la ley.

El documento fue suscrito por la Federación de Campesinos Banilejos (FECABA), la Asociación de Profesionales y Técnicos de Catalina (APROTECA), la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), el Movimiento de Trabajadores Independientes (MTI), la Federación de Mujeres del Campo de Baní (FEMUCABA), así como las asociaciones de caficultores, juntas de vecinos y otros grupos de la provincia Peravia.

El exministro de Medio Ambiente, Max Puig negó que las plantas a carbón que se pretende construir en Punta Catalina empleen carbón limpio, y que sean la solución más barata y la única posible, como aducen las autoridades gubernamentales. 

Durante su exposición, explicó que el carbón es la fuente de energía más sucia y contaminante que existe y que produce graves daños a la salud y al ambiente, especialmente a los cultivos y la ganadería, y que además es la más cara. Alegó que que existen otras soluciones más baratas, como son las fuentes de energía renovables, que además contribuyen a la soberanía energética del país. 

Señaló que para el financiamiento de las plantas que contempla el proyecto se tendrá que recurrir a fuentes especulativas internacionales, ya que las bancas multilateral y gubernamental se niegan a financiar proyectos energéticos basados en carbón por su gran emisión de dióxido de carbono y de otras sustancias tóxicas para la atmósfera.

En tanto, el periodista Felipe Ciprián puso como ejemplo de alternativas al uso del carbón, la limpieza de los embalses de las presas del país y el uso del gas natural. 

Manifestó que si se instalan las plantas a carbón en Catalina será porque en la provincia de Peravia las autoridades locales no han asumido su responsabilidad de proteger a la población, como lo hicieron las autoridades de Azua y Montecristi, que se negaron a aceptar que un proyecto semejante se estableciera en su territorio.

El profesor José Luis Moreno San Juan, planteó que según informaciones que ha obtenido, las plantas propuestas no contarán con la tecnología más adecuada para cumplir con las nuevas normativas establecidas en los Estados Unidos.