Acuerdo obliga a informar sobre consecuencias de una deportación voluntaria
Diario Libre
SAN DIEGO (EEUU).- La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de EEUU dio a conocer hoy un "histórico acuerdo" con el Departamento de Seguridad Interna (DHS), mediante el cual se obliga a las autoridades federales a informar a los inmigrantes las consecuencias que conlleva la firma de una "deportación voluntaria".
El acuerdo es resultado de una demanda que interpuso ACLU en junio de 2013 contra la Patrulla Fronteriza y la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), en la que denunció que agentes de este organismo hostigaban y daban información errónea a inmigrantes mexicanos para obligarlos a firmar su salida del país.
"Todavía hay mucho trabajo por hacer para asegurarnos que este acuerdo se esté implementando", señaló a Efe la abogada de ley fronteriza de ACLU en San Diego, Mitra Ebadolahi, quien no obstante calificó el resultado de la demanda como "un logro muy importante".
El acuerdo entrará en vigor de manera inmediata y será valido únicamente para inmigrantes mexicanos que sean detenidos en California, aunque Ebadolahi adelantó que buscarán que esta reforma sea adoptada eventualmente en otros estados fronterizos.
En el acuerdo se indica que las autoridades deberán asegurarse que sus oficiales no presionen a los inmigrantes para que acepten la deportación voluntaria, cuando se les da a los indocumentados a elegir entre esta vía o la opción de una audiencia ante un juez para definir su situación migratoria.
Las agencias federales están obligadas ahora a brindar información detallada, de manera oral y escrita, a inmigrantes y explicarles las consecuencias que implica firmar una deportación voluntaria, entre ellas que no podrán regresar al país en un periodo de diez años.
"Eso no le dicen a la gente y en ocasiones les hacen creer que pueden arreglar sus papeles en México, cuando no es así", enfatizó la abogada sobre la consecuencia más destacada tras firmar una orden de retorno voluntario.
Como resultado del acuerdo, se deberá permitir también que estas personas hagan una llamada telefónica, así como entregarles una lista de servicios legales y darles un lapso de dos horas antes de decidir si saldrán del país de manera voluntaria u optarán por una cita con un juez.
En la demanda se cita el caso de nueve mexicanos a quienes se les negó la posibilidad de resolver su situación ante un juez de inmigración y fueron deportados. El documento señala que todos ellos tenían argumentos sólidos para permanecer en el país, aunque no se les dio oportunidad de tener el proceso legal correspondiente.
Alejandro Serrato, uno de esos nueve mexicanos, vivió más de diez años en Estados Unidos antes de ser deportado en 2012.
Según señaló en una rueda de prensa, cuando fue detenido indicó a los oficiales federales que tanto su esposa como su hijo son ciudadanos norteamericanos, no obstante un agente de ICE le entregó un documento para que firme su salida voluntaria.
"Me dijo que sería fácil obtener estatus legal a través de mi esposa desde México y me presionó para firmar rápidamente. No tenía idea que la ley me impediría regresar a mi familia por diez años cuando firmé la forma", relató.
Como parte del acuerdo, se permitió el regreso a Estados Unidos de los nueve mexicanos citados en la demanda para que puedan llevar su caso ante un juez de inmigración, y quienes tendrán el próximo mes una audiencia ante una corte federal en Los Ángeles que determinará si pueden quedarse de manera definitiva en el país.
Si la corte aprueba esta segunda parte de la demanda se abrirían las puertas para discutir su situación a todos aquellos mexicanos "obligados" a firmar su deportación voluntaria entre junio de 2009 y el 18 de agosto de 2014, en estaciones de la Patrulla Fronteriza o ICE en las ciudades de San Diego y Los Ángeles, según ACLU.
"Si las agencias implementan este acuerdo en su totalidad, las familias no serán separadas nunca más debido a prácticas tomadas por agencias de inmigración basadas en información errónea, engaño y hostigamiento", indicó Sean Riordan, abogado de ACLU para los sectores del Condado de Imperial y San Diego.
Isidora López Venegas, una mexicana también incluida en la demanda y que firmó su salida voluntaria hace tres años, expresó su esperanza de que más familias puedan reunirse en EE.UU.
"Yo espero que la corte apruebe el acuerdo y que los que han sido afectados regresen a sus familias en Estados Unidos, y que finalmente tengan su día en corte frente a un juez", manifestó.
El acuerdo es resultado de una demanda que interpuso ACLU en junio de 2013 contra la Patrulla Fronteriza y la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), en la que denunció que agentes de este organismo hostigaban y daban información errónea a inmigrantes mexicanos para obligarlos a firmar su salida del país.
"Todavía hay mucho trabajo por hacer para asegurarnos que este acuerdo se esté implementando", señaló a Efe la abogada de ley fronteriza de ACLU en San Diego, Mitra Ebadolahi, quien no obstante calificó el resultado de la demanda como "un logro muy importante".
El acuerdo entrará en vigor de manera inmediata y será valido únicamente para inmigrantes mexicanos que sean detenidos en California, aunque Ebadolahi adelantó que buscarán que esta reforma sea adoptada eventualmente en otros estados fronterizos.
En el acuerdo se indica que las autoridades deberán asegurarse que sus oficiales no presionen a los inmigrantes para que acepten la deportación voluntaria, cuando se les da a los indocumentados a elegir entre esta vía o la opción de una audiencia ante un juez para definir su situación migratoria.
Las agencias federales están obligadas ahora a brindar información detallada, de manera oral y escrita, a inmigrantes y explicarles las consecuencias que implica firmar una deportación voluntaria, entre ellas que no podrán regresar al país en un periodo de diez años.
"Eso no le dicen a la gente y en ocasiones les hacen creer que pueden arreglar sus papeles en México, cuando no es así", enfatizó la abogada sobre la consecuencia más destacada tras firmar una orden de retorno voluntario.
Como resultado del acuerdo, se deberá permitir también que estas personas hagan una llamada telefónica, así como entregarles una lista de servicios legales y darles un lapso de dos horas antes de decidir si saldrán del país de manera voluntaria u optarán por una cita con un juez.
En la demanda se cita el caso de nueve mexicanos a quienes se les negó la posibilidad de resolver su situación ante un juez de inmigración y fueron deportados. El documento señala que todos ellos tenían argumentos sólidos para permanecer en el país, aunque no se les dio oportunidad de tener el proceso legal correspondiente.
Alejandro Serrato, uno de esos nueve mexicanos, vivió más de diez años en Estados Unidos antes de ser deportado en 2012.
Según señaló en una rueda de prensa, cuando fue detenido indicó a los oficiales federales que tanto su esposa como su hijo son ciudadanos norteamericanos, no obstante un agente de ICE le entregó un documento para que firme su salida voluntaria.
"Me dijo que sería fácil obtener estatus legal a través de mi esposa desde México y me presionó para firmar rápidamente. No tenía idea que la ley me impediría regresar a mi familia por diez años cuando firmé la forma", relató.
Como parte del acuerdo, se permitió el regreso a Estados Unidos de los nueve mexicanos citados en la demanda para que puedan llevar su caso ante un juez de inmigración, y quienes tendrán el próximo mes una audiencia ante una corte federal en Los Ángeles que determinará si pueden quedarse de manera definitiva en el país.
Si la corte aprueba esta segunda parte de la demanda se abrirían las puertas para discutir su situación a todos aquellos mexicanos "obligados" a firmar su deportación voluntaria entre junio de 2009 y el 18 de agosto de 2014, en estaciones de la Patrulla Fronteriza o ICE en las ciudades de San Diego y Los Ángeles, según ACLU.
"Si las agencias implementan este acuerdo en su totalidad, las familias no serán separadas nunca más debido a prácticas tomadas por agencias de inmigración basadas en información errónea, engaño y hostigamiento", indicó Sean Riordan, abogado de ACLU para los sectores del Condado de Imperial y San Diego.
Isidora López Venegas, una mexicana también incluida en la demanda y que firmó su salida voluntaria hace tres años, expresó su esperanza de que más familias puedan reunirse en EE.UU.
"Yo espero que la corte apruebe el acuerdo y que los que han sido afectados regresen a sus familias en Estados Unidos, y que finalmente tengan su día en corte frente a un juez", manifestó.
Diario Libre
Continuar con Google