Varios sectores coinciden en que la CIDH violenta las facultades de República Dominicana

SANTO DOMINGO. Las críticas de distintos sectores abundaron ayer, coincidentes en que la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) violenta las facultades de la República Dominicana en materia migratoria.

Los pronunciamientos lo han elevado congresistas, abogados y funcionarios, quienes reconocen que el país está ante una difícil situación. De hecho, hay quienes piden al Gobierno que rompa sus relaciones con el organismo internacional.

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servicio Tulio Castaños Guzmán, aseguró que a la República Dominicana se le ha presentado una situación difícil en la que deberá tomar una decisión de Estado. “Nosotros, como Fundación, vamos a querer ser lo más prudentes posible, porque esto va a tener un impacto internacional, aquí se va a generar otro debate, vamos a esperar como se maneje el Ejecutivo”, apuntó.

No obstante, reconoció que el presidente Danilo Medina ha manejado ese tema con sabiduría, y hasta con cierta honestidad.

A su juicio, el mandatario está en un dilema, dado a que por un lado está la decisión de la Corte Interamericana, y por otro están la sentencia del Tribunal Constitucional dominicano y la propia Constitución.

De su lado, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, consideró que hubo un exceso de la Corte Interamericana, pues está fijando una posición en cuestiones que son atribuciones propias de un Estado soberano, con derecho de regular la presencia de extranjeros.

Sostuvo que la decisión no se compadece con los esfuerzos que viene haciendo el país por establecer una política migratoria, y con tratar de buscar mecanismos para la regularización de los inmigrantes.

“No quisiera yo pensar que se llegara a creer que la República Dominicana no es un Estado soberano. La República Dominicana es un Estado soberano que tiene todo el derecho de regular la presencia de extranjeros en el país, y eso es lo que ha venido haciendo el estado de manera correcta”, enfatizó.

Romper con la Corte

El diputado de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Vinicio Castillo Semán, fue enfático ayer en demandar al presidente Danilo Medina que mande al “carajo” a la CIDH, y que se retire de ese organismo. No fue el único. El pedido lo hizo también el diputado Ruddy González, y los senadores Dionis Sánchez y José Rafael Vargas, entre otros.

“Eso es un absurdo. Pero no es una sorpresa, porque la Corte es el instrumento que tiene Estados Unidos para imponernos a Haití y esa sentencia es la abolición de la nación dominicana”, expresó Castillo que entiende, además, que con su decisión la Corte está instando a una rebelión de los haitianos que viven en el país.

José Rafael Vargas planteó, y en eso coincidió con Castillo, que la sentencia no es vinculante para el país, debido a que la Constitución prevé que los convenios internacionales sean ratificados por el Congreso, y que el que se firmó con ese organismo no ha sido ratificado aún.

“Esa sentencia no es vinculante a la República Dominicana, y por vía de consecuencia no hay que cumplirla”, dijo Vargas, al tiempo de recalcar que el derecho de la soberanía no se negocia.

Dionis Sánchez tildó de penosa la decisión de la CIDH. “Eso es aberrante. Esa sentencia manda a eliminar nuestra Constitución y nuestras leyes, ellos están legislando por nosotros, borrando la Constitución, el Congreso, y eso es inaceptable, es una ofensa a lo que es la integridad y la libertad de este país”. Agrega que ya “debemos ir pensando en retirarnos, porque la verdad es que es un organismo que está sesgado contra la RD”.

Posiciones distintas expresó el diputado reformista Pedro Botello, quien entiende que el país debe reflexionar sobre lo que está pasando, para ver por qué siempre se le condena.

Estima que, si bien se han hecho críticas injustas a los dominicanos, no menos cierto es que también se cometen abusos contra los derechos humanos de nacionales y extranjeros.

El diputado Eugenio Cedeño entiende que la sentencia fue tal como lo pronosticó, porque no había sentido, a su juicio, de negarle la nacionalidad a los nacidos en el país.

“Si la Corte manda una modificación a la Constitución actual, habrá que determinar hasta dónde tiene fuerza vinculante, pero recordemos que nos hemos acogido a su jurisdicción, entonces el Estado está obligado a cumplir.

Lo que dice el Centro Bonó

El Centro Bonó afirmó ayer que la sentencia es una gran oportunidad para que el Estado dominicano asuma su función de garantizar la protección efectiva de los derechos de la persona y el respeto de su dignidad, tal y como está consagrado en la Constitución. “La presente es también una oportunidad idónea para que el Estado dominicano envíe un mensaje claro a la comunidad internacional de su decidido compromiso con el respeto a los derechos humanos, demostrando al mundo que somos un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho”, refiere un comunicado de prensa.

Diario Libre