La vida en las 40 cañadas de Santiago

SANTIAGO. Moradores de las cañadas en esta ciudad denunciaron que solo reciben promesas de los políticos durante las campañas, y que tan pronto llegan al poder se olvidan de ellos y jamás los vuelven a ver.

Esa confesión la hicieron mujeres y hombres que residen en esos lugares de peligro, muchos de los cuales llevan toda una vida, sin que vean solución a su problema de vivienda, de salud y educación.

El agricultor Rafael Almonte, nativo de Dajabón, refiere que sus padres le trajeron a esta ciudad cuando tenía ocho años y que se crió en la cañada de La Javilla, debajo del puente de Gurabito, o avenida Imbert. “Nosotros somos como los pavos, los políticos solo vienen a visitarnos y a hacernos falsas promesas cuando hay votaciones”, expresó Almonte.

Juan Polanco, nativo de Castañuelas, lleva 42 años viviendo en la cañada del hoyo de Puchula, próximo a la avenida Salvador Estrella Sadhalá, y declaró que en tiempos de lluvias cuando sus casuchas se inundan, aparecen los voluntarios de la Defensa Civil, los Bomberos y la Policía, pero luego nadie pasa por esos lugares.

Dijo estar cansado de visitar la gobernación provincial, el Ayuntamiento y nadie le ofrece una ayuda para salir de esa zona.

“Sé que estamos en peligro, pero no tenemos otro lugar donde vivir, aquí no pagamos agua, ni luz ni alquileres, por eso seguimos aquí hasta que Dios quiera”, manifestó Polanco.

Charo Ramírez, de San Francisco de Macorís, declaró que su compañero sentimental, con quien ha procreado cuatro hijos, la mudó en la proximidad de la cañada del barrio La Lotería, porque no tenía otro lugar donde llevarla.

Dijo que su marido, Ramón Sánchez, se gana la vida vendiendo chucherías en las calles, y que ella lava y plancha en algunas familias pudientes de varias urbanizaciones.

Historias como esas abundan en más de 40 cañadas que existen en esta ciudad, donde las condiciones infrahumanas en que desenvuelve la vida de miles de seres humanos, al parecer no llama la atención ni toca el corazón de funcionarios gubernamentales ni de instituciones de servicios filantrópicos o caritativos. De esos lugares es que surgen muchos jóvenes que se dedican a la delincuencia, otros a las drogas, y los menos a estudiar y trabajar de manera decorosa.

Desde el Estado no existe ninguna política social definida para sacar a esas familias del estado en que viven. Tampoco, desde los gobiernos locales o ayuntamientos, se conocen planes y proyectos específicos para dignificar el rostro de esos ciudadanos, condenados a mal vivir el resto de sus vidas.

Narciso Pérez