SIP condena fallo del Supremo de Venezuela sobre el acceso a la información
Diario Libre
MIAMI,EE.UU.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó hoy un fallo del Tribunal Supremo de Venezuela que rechazó una demanda de la organización no gubernamental Espacio Público, en la que solicitaba información al Estado sobre el bloqueo de internet que sufrieron varios sitios de servicios de información.
El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, consideró que los "principios sobre acceso a la información en el mundo establecen que nadie tiene que justificar de ninguna forma para qué usará la información, sino que el Gobierno tiene la obligación de entregarla cada vez que un ciudadano la solicita".
En ese sentido, la SIP, con sede en Miami (EE.UU.), defendió que el fallo del Supremo venezolano "contraviene principios constitucionales sobre libertad de expresión y transparencia" y calificó la decisión de "censura judicial en contra del derecho del público a información sobre asuntos de interés público".
El 4 de diciembre la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) rechazó una demanda de Espacio Público que solicitaba información al Estado sobre las restricciones que sufrieron varios sitios de servicios de información digital a principios de año, tales como twimg.com, pastebin.com, bit.ly y la aplicación zello.com.
Amparándose en los artículos constitucionales sobre el derecho a la información, Espacio Público solicitó al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología que explicara la razón del bloqueo de internet en el estado de Táchira en febrero pasado.
Ante la negativa reiterada de facilitar la información por parte del ministerio, la entidad presentó una demanda el 18 de septiembre ante el máximo órgano judicial.
En una resolución sorpresiva, el TSJ advirtió de que el "solicitante deberá manifestar expresamente las razones para las cuales requiere la información, así como justificar que lo pedido sea proporcional con el uso que se le pretende dar".
Pero Mohme consideró que el fallo judicial termina formulando una "censura judicial en contra del derecho del público a la información sobre asuntos de interés público".
Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Claudio Paolillo, sostuvo que este "dictamen muestra la deficiencia del Gobierno de Venezuela, que cuenta con un sistema judicial que está más preocupado por defender al Gobierno que a hacer valer y resguardar los derechos de sus ciudadanos".
El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, consideró que los "principios sobre acceso a la información en el mundo establecen que nadie tiene que justificar de ninguna forma para qué usará la información, sino que el Gobierno tiene la obligación de entregarla cada vez que un ciudadano la solicita".
En ese sentido, la SIP, con sede en Miami (EE.UU.), defendió que el fallo del Supremo venezolano "contraviene principios constitucionales sobre libertad de expresión y transparencia" y calificó la decisión de "censura judicial en contra del derecho del público a información sobre asuntos de interés público".
El 4 de diciembre la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) rechazó una demanda de Espacio Público que solicitaba información al Estado sobre las restricciones que sufrieron varios sitios de servicios de información digital a principios de año, tales como twimg.com, pastebin.com, bit.ly y la aplicación zello.com.
Amparándose en los artículos constitucionales sobre el derecho a la información, Espacio Público solicitó al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología que explicara la razón del bloqueo de internet en el estado de Táchira en febrero pasado.
Ante la negativa reiterada de facilitar la información por parte del ministerio, la entidad presentó una demanda el 18 de septiembre ante el máximo órgano judicial.
En una resolución sorpresiva, el TSJ advirtió de que el "solicitante deberá manifestar expresamente las razones para las cuales requiere la información, así como justificar que lo pedido sea proporcional con el uso que se le pretende dar".
Pero Mohme consideró que el fallo judicial termina formulando una "censura judicial en contra del derecho del público a la información sobre asuntos de interés público".
Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Claudio Paolillo, sostuvo que este "dictamen muestra la deficiencia del Gobierno de Venezuela, que cuenta con un sistema judicial que está más preocupado por defender al Gobierno que a hacer valer y resguardar los derechos de sus ciudadanos".
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