Someten dos jueces del TSE por presuntos actos de prevaricación y concusión
Diario Libre
SANTO DOMINGO. Los magistrados Mariano Rodríguez y John Guiliani fueron sometidos por ante la Suprema Corte de Justicia
(SCJ) acusados de los delitos de prevaricación, concusión y faltas administrativas, establecidos en el código penal 166, 167 y 174, ordinal 80, 4, 84 y artículos 1, 2, 5, 7 y 10 de la ley 41/08 y 11 de la ley 379/81 sobre pensiones y jubilaciones.
Según el sometimiento ambos magistrados habría recibido dinero del fondo de pensiones y jubilaciones de la Junta Central Electoral, al mismo tiempo, que recibían sus salarios ordinarios como jueces titulares del Tribunal Superior Electoral.
La querella fue interpuesta por el doctor Guido Gómez Mazara, quien se hizo representar por los abogados Domingo Rojas y Ricardo Pérez para todo el proceso que, depositado por ante la Procuraduría General, será conocido por la SCJ como resultado de la jurisdicción privilegiada que disfrutan los magistrados del Tribunal Superior Electoral.
El fundamento del proceso contra los dos magistrados, Rodríguez Rijo y Guiliani Valenzuela tiene de base tanto las certificaciones del fondo de pensiones de la JCE como la certificación del departamento financiero del TSE donde se establece que por espacio de 11 meses disfrutaron de ambos beneficios que, en un informe oficial de la Cámara de Cuentas, se establecía tanto la ilegalidad de la acción como la devolución obligatoria de los recursos tomados ilegalmente.
Para Gómez Mazara considera alarmante que los estamentos llamados a garantizar el fiel apego a la ley incurran en lamentables violaciones asociando su ejercicio institucional a excesos administrativos producto de pactos políticos y protecciones donde algunos magistrados se sienten en las condiciones de violentar el ordenamiento jurídico, y exigen al resto de la sociedad un apego a los cánones de la justicia.
El abogado y profesor universitario, entiende que acciones legales de esta naturaleza contribuyen al proceso de restauración de la credibilidad de nuestras instituciones y que la ciudadanía debe hacer una significativa contribución para que los actores esenciales del proceso democrático no se crucen de brazos ante tantas violaciones, emanadas de las fuentes llamadas a garantizar que las leyes se cumplan.
Según el sometimiento ambos magistrados habría recibido dinero del fondo de pensiones y jubilaciones de la Junta Central Electoral, al mismo tiempo, que recibían sus salarios ordinarios como jueces titulares del Tribunal Superior Electoral.
La querella fue interpuesta por el doctor Guido Gómez Mazara, quien se hizo representar por los abogados Domingo Rojas y Ricardo Pérez para todo el proceso que, depositado por ante la Procuraduría General, será conocido por la SCJ como resultado de la jurisdicción privilegiada que disfrutan los magistrados del Tribunal Superior Electoral.
El fundamento del proceso contra los dos magistrados, Rodríguez Rijo y Guiliani Valenzuela tiene de base tanto las certificaciones del fondo de pensiones de la JCE como la certificación del departamento financiero del TSE donde se establece que por espacio de 11 meses disfrutaron de ambos beneficios que, en un informe oficial de la Cámara de Cuentas, se establecía tanto la ilegalidad de la acción como la devolución obligatoria de los recursos tomados ilegalmente.
Para Gómez Mazara considera alarmante que los estamentos llamados a garantizar el fiel apego a la ley incurran en lamentables violaciones asociando su ejercicio institucional a excesos administrativos producto de pactos políticos y protecciones donde algunos magistrados se sienten en las condiciones de violentar el ordenamiento jurídico, y exigen al resto de la sociedad un apego a los cánones de la justicia.
El abogado y profesor universitario, entiende que acciones legales de esta naturaleza contribuyen al proceso de restauración de la credibilidad de nuestras instituciones y que la ciudadanía debe hacer una significativa contribución para que los actores esenciales del proceso democrático no se crucen de brazos ante tantas violaciones, emanadas de las fuentes llamadas a garantizar que las leyes se cumplan.
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