Juez de la Suprema Corte decide hoy la acusación de la Procuraduría contra Félix Bautista
Francisco Domínguez Brito dice espera justicia en el caso de Félix Bautista
Diario Libre
SANTO DOMINGO. El juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Alejandro Moscoso Segarra, se apresta a decidir hoy si acoge o rechaza la acusación de supuesta corrupción y lavado de activos en contra del senador Félix Bautista y otras seis personas, presentada por el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito.
El magistrado convocó las partes para escuchar la lectura de su veredicto, a las 9:00 a.m.
Los representantes del Ministerio Público, Carlos Castillo Díaz, Laura Guerrero Pelletier, Wilson Camacho, Pelagio Alcántara, Milcíades Guzmán, Wagner Cubilete y Narciso Escaño solicitaron dictar apertura a juicio, y dictar prisión preventiva en contra de Bautista, Soraida Antonia Abreu Martínez, José Elías Hernández García, Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, Carlos Manuel Ozoria Martínez, Gricel Aracelis Soler Pimentel y Bienvenido Apolinar Bretón Medina.
Entienden que debido a la alegada fortuna que tiene el grupo, que incluye unos 500 activos, existe un real peligro de fuga.
Mientras que la defensa del secretario de Organización del PLD y los demás imputados aseguró que parte de las actuales acusaciones imputadas al legislador ya fueron investigadas en el 2012, y sostuvieron, además, que una auditoría de la Cámara de Cuentas de 2013 no encontró indicios de dolo contra su defendido durante su gestión en la Oficina de Ingenieros y Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
Sostiene que los hechos que se persiguen ya fueron conocidos durante una investigación realizada por la Procuraduría General de la República en el año 2012.
Observa que la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) realizó procesos de investigación sobre las mismas acusaciones que hoy se le imputan a Bautista, a raíz de las acusaciones presentadas por el PRD, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) y la Convergencia Nacional de Abogados.
La defensa
La defensa sostiene que las empresas Inmobiliaria Rofi S.R.L. y Constructora Hadom, donde el legislador tiene participación accionaria, fueron debidamente investigadas por el Ministerio Público durante las pesquisas efectuadas en el 2012, cuyas conclusiones están descritas en el auto No.03093, del 13 de agosto de ese año. Entiende que el alegado desfalco planteado por el Procurador se limita a la transcripción de determinados contratos de obras del Estado suscritos a través de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado.
El magistrado convocó las partes para escuchar la lectura de su veredicto, a las 9:00 a.m.
Los representantes del Ministerio Público, Carlos Castillo Díaz, Laura Guerrero Pelletier, Wilson Camacho, Pelagio Alcántara, Milcíades Guzmán, Wagner Cubilete y Narciso Escaño solicitaron dictar apertura a juicio, y dictar prisión preventiva en contra de Bautista, Soraida Antonia Abreu Martínez, José Elías Hernández García, Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, Carlos Manuel Ozoria Martínez, Gricel Aracelis Soler Pimentel y Bienvenido Apolinar Bretón Medina.
Entienden que debido a la alegada fortuna que tiene el grupo, que incluye unos 500 activos, existe un real peligro de fuga.
Mientras que la defensa del secretario de Organización del PLD y los demás imputados aseguró que parte de las actuales acusaciones imputadas al legislador ya fueron investigadas en el 2012, y sostuvieron, además, que una auditoría de la Cámara de Cuentas de 2013 no encontró indicios de dolo contra su defendido durante su gestión en la Oficina de Ingenieros y Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
Sostiene que los hechos que se persiguen ya fueron conocidos durante una investigación realizada por la Procuraduría General de la República en el año 2012.
Observa que la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) realizó procesos de investigación sobre las mismas acusaciones que hoy se le imputan a Bautista, a raíz de las acusaciones presentadas por el PRD, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) y la Convergencia Nacional de Abogados.
La defensa
La defensa sostiene que las empresas Inmobiliaria Rofi S.R.L. y Constructora Hadom, donde el legislador tiene participación accionaria, fueron debidamente investigadas por el Ministerio Público durante las pesquisas efectuadas en el 2012, cuyas conclusiones están descritas en el auto No.03093, del 13 de agosto de ese año. Entiende que el alegado desfalco planteado por el Procurador se limita a la transcripción de determinados contratos de obras del Estado suscritos a través de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado.
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