Piden al Tribunal Constitucional mantener reforma que permite abortar en ciertas circunstancias
Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres le solicita decidir conforme a la Constitución
Diario Libre
SANTO DOMINGO. La Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres pidió al Tribunal Constitucional mantener la reforma realizada recientemente al Código Penal que permite el aborto en tres circunstancias, y de esta forma protege la vida y la integridad de las mujeres dominicanas.
Los representantes del Colegio Médico Dominicano (CMD); la Colectiva Mujer y Salud, la Confederación Nacional de Mujeres del Campo, (CONAMUCA), el Instituto de Investigación de Género y Familia de la UASD, el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), el Centro de Estudios de Género de la Universidad INTEC (CEG-INTEC), la Unidad Sindical de Mujeres Activas, (UNISIMAS-CNUS) ofrecieron una rueda de prensa para plantear su posición con respecto al tema.
También participaron representantes de la Asociación Nacional de Enfermería, (ASONAEN), la Federación Nacional de Mujeres Trabajadoras (FENAMUTRA), el Centro para la Educación y el Desarrollo (CEDUCA), el Foro Feminista y el Centro para el Desarrollo de la Mujer CE-MUJER.
Pidieron a la Alta Corte a no retroceder en los derechos adquiridos por las mujeres y que tome su decisión amparado en la Constitución de la República y en los compromisos internacionales de Derechos Humanos asumidos por el Estado Dominicano.
Destacaron que 22 expertos y más de 600 cartas de ciudadanos dominicanos a favor de la despenalización del aborto han presentado esa petición al Tribunal Constitucional dentro del proceso que sigue esta Corte para decidir si mantiene o no la reforma al Código Penal.
A través de argumentos jurídicos, sociológicos, de salud y otros, decenas de organizaciones nacionales e internacionales y personas han enviado escritos al Tribunal Constitucional realizando esa demanda.
Destacaron que la República Dominicana tiene una de las mayores tasas de mortalidad materna de la región y que en el año 2014 murieron 179 mujeres, y hasta mediados de abril pasado se habían registrado 44 muertes maternas, en su mayoría por causas evitables y en parte por abortos inseguros.
Consideraron que despenalizar el aborto cuando la vida o integridad de la mujer están en riesgo, es un avance en la garantía de los derechos humanos de las mujeres y por eso, las nuevas disposiciones del Código Penal deben ser respetadas, protegidas e implementadas por los poderes públicos.
"Las mujeres que en circunstancias excepcionales necesitan interrumpir el embarazo no pueden seguir muriéndose y dejando hijos huérfanos, familias destrozadas y pisoteada su dignidad humana. Con la reforma al Código Penal, el país dio un gran paso para evitar estas situaciones. Ahora el Tribunal Constitucional tiene en sus manos la oportunidad de ratificarlo y situarse a la vanguardia centroamericana en materia de defensa de la vida y la salud de las mujeres", expresan en un documento remitido a los medios de comunicación.
Argumentan que en caso de que el Tribunal decida no mantener la reforma al Código Penal, estaría violentando derechos como el derecho a la vida de las mujeres; el derecho al más alto nivel posible de salud; el derecho a la intimidad; el derecho a la igualdad y a la no discriminación.
Pidieron tomar en consideración los argumentos presentados por Manuel Atienza Rodríguez, de la Universidad de Alicante (España); Claudio Nash, de la Universidad de Chile; Rebeca Cook, de la Universidad de Toronto (Canadá); académicas de la Universidad de Génova (Italia); la Universidad Carlos III de Madrid- Instituto Universitario de Estudios de Género y Grupo Antígona de la Universidad Autónoma de Barcelona.
También, del Grupo Internacional de Investigación sobre estereotipos, prejuicios y discriminación, de los departamentos de psicología social de la Universidad Complutense de Madrid y de la Facultad de psicología de la Universidad Federal de Paraíba (Brasil); de Amnistía Internacional; del Centro de Derechos Reproductivos (Estados Unidos) y de Women's Link Worldwide (Colombia-España), entre otros.
Los representantes del Colegio Médico Dominicano (CMD); la Colectiva Mujer y Salud, la Confederación Nacional de Mujeres del Campo, (CONAMUCA), el Instituto de Investigación de Género y Familia de la UASD, el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), el Centro de Estudios de Género de la Universidad INTEC (CEG-INTEC), la Unidad Sindical de Mujeres Activas, (UNISIMAS-CNUS) ofrecieron una rueda de prensa para plantear su posición con respecto al tema.
También participaron representantes de la Asociación Nacional de Enfermería, (ASONAEN), la Federación Nacional de Mujeres Trabajadoras (FENAMUTRA), el Centro para la Educación y el Desarrollo (CEDUCA), el Foro Feminista y el Centro para el Desarrollo de la Mujer CE-MUJER.
Pidieron a la Alta Corte a no retroceder en los derechos adquiridos por las mujeres y que tome su decisión amparado en la Constitución de la República y en los compromisos internacionales de Derechos Humanos asumidos por el Estado Dominicano.
Destacaron que 22 expertos y más de 600 cartas de ciudadanos dominicanos a favor de la despenalización del aborto han presentado esa petición al Tribunal Constitucional dentro del proceso que sigue esta Corte para decidir si mantiene o no la reforma al Código Penal.
A través de argumentos jurídicos, sociológicos, de salud y otros, decenas de organizaciones nacionales e internacionales y personas han enviado escritos al Tribunal Constitucional realizando esa demanda.
Destacaron que la República Dominicana tiene una de las mayores tasas de mortalidad materna de la región y que en el año 2014 murieron 179 mujeres, y hasta mediados de abril pasado se habían registrado 44 muertes maternas, en su mayoría por causas evitables y en parte por abortos inseguros.
Consideraron que despenalizar el aborto cuando la vida o integridad de la mujer están en riesgo, es un avance en la garantía de los derechos humanos de las mujeres y por eso, las nuevas disposiciones del Código Penal deben ser respetadas, protegidas e implementadas por los poderes públicos.
"Las mujeres que en circunstancias excepcionales necesitan interrumpir el embarazo no pueden seguir muriéndose y dejando hijos huérfanos, familias destrozadas y pisoteada su dignidad humana. Con la reforma al Código Penal, el país dio un gran paso para evitar estas situaciones. Ahora el Tribunal Constitucional tiene en sus manos la oportunidad de ratificarlo y situarse a la vanguardia centroamericana en materia de defensa de la vida y la salud de las mujeres", expresan en un documento remitido a los medios de comunicación.
Argumentan que en caso de que el Tribunal decida no mantener la reforma al Código Penal, estaría violentando derechos como el derecho a la vida de las mujeres; el derecho al más alto nivel posible de salud; el derecho a la intimidad; el derecho a la igualdad y a la no discriminación.
Pidieron tomar en consideración los argumentos presentados por Manuel Atienza Rodríguez, de la Universidad de Alicante (España); Claudio Nash, de la Universidad de Chile; Rebeca Cook, de la Universidad de Toronto (Canadá); académicas de la Universidad de Génova (Italia); la Universidad Carlos III de Madrid- Instituto Universitario de Estudios de Género y Grupo Antígona de la Universidad Autónoma de Barcelona.
También, del Grupo Internacional de Investigación sobre estereotipos, prejuicios y discriminación, de los departamentos de psicología social de la Universidad Complutense de Madrid y de la Facultad de psicología de la Universidad Federal de Paraíba (Brasil); de Amnistía Internacional; del Centro de Derechos Reproductivos (Estados Unidos) y de Women's Link Worldwide (Colombia-España), entre otros.
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