Amnistía en Seguridad Social divide a la cúpula empresarial

SD. Las contradicciones en el sector empresarial afloraron ayer con la conversión en ley del proyecto de amnistía fiscal a los empleadores público y privado.

Mientras el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) la apoya, los empleadores, miembros de esa entidad, califican la ley de doble moral, privilegios irritantes y violación a los derechos de los trabajadores que da borrón y cuenta nueva a unos mientras pretende a la vez perfeccionar el régimen de infracciones.

Mientras que la Tesorería  de la Seguridad Social, que preside Henry Sahdalá, proyecta para este año que las recaudaciones se disparen desde este segundo semestre y lleguen a final de año a RD$40,000 millones, cuando entre en vigencia la ley de amnistía.

Lisandro Macarrulla, presidente del Conep, dijo  que inicialmente el gremio se opuso a que se diera la amnistía, por entender que beneficia a personas que no cumplieron.

Refirió que "nosotros no podemos apoyar el incumpliendo de un compromiso, pero después de conocer las bondades de la propuesta, que inclusive el Estado como empleador es el mayor deudor de la ley de Seguridad Social, y pensando en el beneficio que van a tener las personas que están excluidas, decidimos apoyar eso en el Consejo de la Seguridad Social", previo un ejercicio interno para convencer a la membresía del gremio.

Macarrulla cree que la amnistía es beneficiosa, porque hay una cantidad de empresas privadas e instituciones oficiales como los ayuntamientos  que no cumplieron con la ley en su momento, y  que los empleados de esas instituciones y empresas están fuera del régimen de seguridad social y son perjudicados.

Mientras  Marisol Vicens, presidenta de la Copardom, dijo que la aministía es un borrón y cuenta nueva acomodado a los ayuntamientos que en 6 años no han cotizado  y para que empleadores público y privado morosos puedan hacerlo con una condonación total de la deuda, lo que constituye un irritante privilegio.

Criticó que sin haber transcurrido dos años de la promulgación de la Ley de amnistía concedida cuando se inició el Seguro Familiar de Salud en septiembre del 2007, se haya decidido premiar a  empleadores que no han cumplido sus obligaciones.

Refirió que eso evidencia que las autoridades violentan la institucionalidad del Sistema al modificar a conveniencia la ley para favorecer a un grupo de empleadores por encima de la mayoría que ha debido contribuir desde el inicio con todas las cotizaciones de la seguridad social.

Más  personas

El tesorero Sahdalá dijo que con la nueva ley esperan incorporar al sistema de seguridad social entre 300  a 350 mil personas, entre ellos 70 mil a 80 mil que trabajan en  más de 250 ayuntamientos y juntas municipales y que no cuentan con seguro médico. Explicó que la ley es una iniciativa del Gobierno pensando que había que hacer un esfuerzo para que se implementara el seguro Familiar de Salud, pero "nos dimos cuenta de la gran cantidad de trabajadores que no podían tener servicio de salud.

Diario Libre