Arrestan teniente coronel del Ejército por chantaje
Federico Méndez
SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República, en coordinación con la Dirección Nacional de Drogas (DNCD), arrestó en flagrante delito por extorsión a un teniente coronel del Ejército Nacional que falsificó una sentencia de la Suprema Corte de Justicia para pedir RD$5 millones a un ciudadano a quien chantajeaba con que sería extraditado a los Estados Unidos.
El oficial militar arrestado es el teniente coronel Ramón Bienvenido De la Cruz Marte, quien se desempeñaba como encargado de la Unidad de Búsqueda de Fugitivos y Extraditables de la DNCD.
También en flagrante delito, fue arrestada la señora Lucy Rodríguez Pereyra, como cómplice del teniente coronel De la Cruz Marte.
La víctima de la extorsión es el señor Rafael Alexander Mercedes Paulino, quien presentó denuncia verbal al Ministerio Público.
De la Cruz Marte y Rodríguez Pereyra fueron arrestados luego de una operación dirigida por los procuradores adjuntos Bolívar Sánchez y Frank Soto, apoyados por miembros de la DNCD.
Se disponían, los arrestados, a tener contacto con el extorsionado para acordar la forma de entrega del dinero exigido, en un parqueo de una plaza comercial de esta capital, a las 3:15 de la tarde del 18 de septiembre de 2006.
A solicitud del procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, el secretario de las Fuerzas Armadas, teniente general Ramón Antonio Aquino García, dispuso la suspensión del coronel De la Cruz Marte.
El magistrado Jiménez Peña advirtió que la Procuraduría General de la República investigará y llevará a la justicia cualquier caso que amerite sin importar las personas que estén involucradas.
En tanto, que a solicitud de la procuradora general adjunta, Gisela Cueto González, la secretaria general de la Suprema Corte de Justicia, Grimilda Acosta de Subero, certificó que no existe ninguna orden de arresto a nombre de Rafael Alexander Mercedes Paulino.
La sentencia falsificada señala orden de arresto contra el señor Mercedes Paulino en fecha 11 de julio de 2006, por alegada acta de acusación en el tribunal Superior en Nueva Jersey, condado de Passaic, Estados Unidos, expedida por el juez Randolph M. Subryan, por supuestamente haber violado un salto de fianza y haberse constituido en algún momento en cómplice de malhechores en asuntos de narcotráfico.
De acuerdo a las generales del teniente coronel De la Cruz Marte, nació en el año 1974, y reside en El Polvorín, Villa Mella.
Durante su arresto flagrante le fue ocupado en la yipeta BMW X5 en que viajaba la sentencia falsifica de la Suprema Corte de Justicia, y un reporte de la United Status Marshal Service, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Igualmente, le ocuparon la pistola, sin permiso, marca Mar Prieto Beretta, calibre 7.65 mms., número 57187; así como cinco celulares usados para realizar llamadas a la víctima, dos grabadoras, y varios Discos Compactos (CD) conteniendo conversaciones de los imputados y la víctima.
Los procuradores generales adjuntos Bolívar Sánchez y Frank Soto, junto al procurador fiscal adjunto del Distrito Nacional, Luis González Reyes, solicitaron a la juez coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional la fijación de fecha de audiencia que decidirá sobre la solicitud de imposición de medida de coerción contra Ramón Bienvenido De la Cruz Marte y Lucy Rodríguez Pereyra.
Le solicitaron prisión preventiva para los imputados para culminar la investigación abierta en ocasión de falsificación de documentos y uso de los mismos y asociación de malhechores.
Sostienen que los imputados se dedicaban se dedicaban a la falsificación de sentencias de la Suprema Corte de Justicia contra ciudadanos dominicanos que en los actuales momentos radican en la República Dominicana sin ningún tipo de compromisos con las leyes dominicanas ni extranjeras.
De acuerdo a las pruebas obtenidas válidas por el Ministerio Público se acusa a De la Cruz Marte y Rodríguez Pereyra de la comisión de los crímenes previsto en los artículos 147, 148, 265, 266 y 400 del Código Penal Dominicano y 39 de la Ley sobre Porte y Tenencia de Armas de Fuego, las cuales son falsificación de documentos y uso de los mismos, asociación de malhechores, extorsión y chantaje y porte y tenencia de arma de fuego, las cuales están sancionadas con penas privativas de libertad.
El oficial militar arrestado es el teniente coronel Ramón Bienvenido De la Cruz Marte, quien se desempeñaba como encargado de la Unidad de Búsqueda de Fugitivos y Extraditables de la DNCD.
También en flagrante delito, fue arrestada la señora Lucy Rodríguez Pereyra, como cómplice del teniente coronel De la Cruz Marte.
La víctima de la extorsión es el señor Rafael Alexander Mercedes Paulino, quien presentó denuncia verbal al Ministerio Público.
De la Cruz Marte y Rodríguez Pereyra fueron arrestados luego de una operación dirigida por los procuradores adjuntos Bolívar Sánchez y Frank Soto, apoyados por miembros de la DNCD.
Se disponían, los arrestados, a tener contacto con el extorsionado para acordar la forma de entrega del dinero exigido, en un parqueo de una plaza comercial de esta capital, a las 3:15 de la tarde del 18 de septiembre de 2006.
A solicitud del procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, el secretario de las Fuerzas Armadas, teniente general Ramón Antonio Aquino García, dispuso la suspensión del coronel De la Cruz Marte.
El magistrado Jiménez Peña advirtió que la Procuraduría General de la República investigará y llevará a la justicia cualquier caso que amerite sin importar las personas que estén involucradas.
En tanto, que a solicitud de la procuradora general adjunta, Gisela Cueto González, la secretaria general de la Suprema Corte de Justicia, Grimilda Acosta de Subero, certificó que no existe ninguna orden de arresto a nombre de Rafael Alexander Mercedes Paulino.
La sentencia falsificada señala orden de arresto contra el señor Mercedes Paulino en fecha 11 de julio de 2006, por alegada acta de acusación en el tribunal Superior en Nueva Jersey, condado de Passaic, Estados Unidos, expedida por el juez Randolph M. Subryan, por supuestamente haber violado un salto de fianza y haberse constituido en algún momento en cómplice de malhechores en asuntos de narcotráfico.
De acuerdo a las generales del teniente coronel De la Cruz Marte, nació en el año 1974, y reside en El Polvorín, Villa Mella.
Durante su arresto flagrante le fue ocupado en la yipeta BMW X5 en que viajaba la sentencia falsifica de la Suprema Corte de Justicia, y un reporte de la United Status Marshal Service, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Igualmente, le ocuparon la pistola, sin permiso, marca Mar Prieto Beretta, calibre 7.65 mms., número 57187; así como cinco celulares usados para realizar llamadas a la víctima, dos grabadoras, y varios Discos Compactos (CD) conteniendo conversaciones de los imputados y la víctima.
Los procuradores generales adjuntos Bolívar Sánchez y Frank Soto, junto al procurador fiscal adjunto del Distrito Nacional, Luis González Reyes, solicitaron a la juez coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional la fijación de fecha de audiencia que decidirá sobre la solicitud de imposición de medida de coerción contra Ramón Bienvenido De la Cruz Marte y Lucy Rodríguez Pereyra.
Le solicitaron prisión preventiva para los imputados para culminar la investigación abierta en ocasión de falsificación de documentos y uso de los mismos y asociación de malhechores.
Sostienen que los imputados se dedicaban se dedicaban a la falsificación de sentencias de la Suprema Corte de Justicia contra ciudadanos dominicanos que en los actuales momentos radican en la República Dominicana sin ningún tipo de compromisos con las leyes dominicanas ni extranjeras.
De acuerdo a las pruebas obtenidas válidas por el Ministerio Público se acusa a De la Cruz Marte y Rodríguez Pereyra de la comisión de los crímenes previsto en los artículos 147, 148, 265, 266 y 400 del Código Penal Dominicano y 39 de la Ley sobre Porte y Tenencia de Armas de Fuego, las cuales son falsificación de documentos y uso de los mismos, asociación de malhechores, extorsión y chantaje y porte y tenencia de arma de fuego, las cuales están sancionadas con penas privativas de libertad.
Federico Méndez
Continuar con Google