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Lavado de activos
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“El Chino” cae de nuevo, y lo envían a Higüey para coerción

La Procuraduría le imputa tener fortuna de RD$300 millones

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“El Chino” cae de nuevo, y lo envían a Higüey para coerción
Pascual Cordero dijo no se había entregado por su salud. (JUSTO FÉLIZ)

SANTO DOMINGO. Tras ser apresado e interrogado, Jesús Pascual Cordero Martínez, (El Chino), acusado desde hace varios años de seis asesinatos, narcotráfico y lavado de activos, fue enviado ayer a la jurisdicción de Higüey donde en las próximas horas les serán conocidas medidas de coerción.

El imputado, quien era uno de los más buscados en el país, fue detenido la noche del pasado lunes en un centro médico privado, mientras recibía atenciones por problemas de diabetes. Fue interrogado por varias horas por el procurador adjunto antilavado, Germán Miranda Villalona y trasladado a Higüey en medio de un amplio contingente militar.

Según explicó el miembro del Ministerio Público deberá enfrentar en Higüey, las acusaciones de poseer una finca con “cocaína base” procedente de Perú y que alegadamente sería convertida en cocaína líquida.

Asimismo, dijo que tiene otros procesos pendientes en la jurisdicción del Distrito Nacional, donde se le acusa de poseer una fortuna en muebles e inmuebles provenientes del crimen organizado, superior a los RD$300 millones.

Acorde a las imputaciones se le atribuye reclutar personas con las cuales, a través de la modalidad de “pitufeo” (consiste en depositar pequeñas sumas de dinero en efectivo para evitar los controles de riesgo) lavar dinero.

Al ser cuestionado en torno a las imputaciones de narcotráfico hechas en su contra, Cordero Martínez, precisó que sólo está acusado por lavado de activos.

El detenido sostuvo que no se había entregado a la justicia porque está enfermo de diabetes y de la presión alta y que pensaba que no podía sobrevivir en una cárcel con esas condiciones de salud.

En su captura participaron la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), la Dirección Central Antinarcóticos (DICAN) de la Policía Nacional, así como de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), bajo la coordinación de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos.

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