Estudio revela la falta de confianza de ciudadanos en Justicia y Policía

SANTO DOMINGO. Un estudio sobre la violencia social y delincuencia en Santo Domingo puso en tela de juicio el accionar del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional, estamentos en que los ciudadanos dicen no tener confianza.

La investigación realizada por la antropóloga social Tahira Vargas, establece que el Poder Judicial tiene deficiencia en la aplicación de la ley y que hay desconocimiento de la población sobre los procesos, así como desconfianza en el sistema de justicia.

Como punto de soluciones a esas carencias se recomendó transparentar y difundir los procesos judiciales, orientar a la ciudadana sobre el sistema penal y otorgar una mejoría salarial a los jueces.

En cuanto al Ministerio Público se evidenció también desconfianza a nivel de las fiscalías para denunciar los casos, eso se debe en gran escala a la falta de relación entre las fiscalías barriales y las organizaciones comunitarias.

“Deben mejorar el servicio de usuarios de las fiscalías con un mejor trato a la víctima y educar a la ciudadanía para romper el miedo a la denuncia”, apuntó.

Respecto a la Policía Nacional salieron a relucir como problemas la corrupción y complicidad con redes delictivas, la deficiencia en la aplicación de la ley a los que están en el poder, la opresión y persecución policial abusiva hacia jóvenes de los barrios y la desconfianza en la institución, la cual genera miedo a la denuncia. Además el manejo erróneo que ha tenido la Policía en torno a la seguridad ciudadana con la intervención de uniformados.

Se planteó como soluciones a esos males el registro e identificación de motoristas, el mejoramiento de las condiciones salariales y laborales, sanciones y depuraciones de los agentes para erradicar práctica de complicidad.

La antropóloga, de igual modo, resaltó que el incremento del porte ilegal de armas es uno de los elementos importantes causantes de la delincuencia e inseguridad ciudadana.

Frente a ello, recomendó como solución el desarrollo de actividades culturales y deportivas interbarriales, establecer programas de cultura de paz, espacios para el desarrollo de la creatividad de jóvenes, dar a conocer los deberes y derechos de la comunidad, así como una educación basada en valores.

Igualmente, exhortó el control de las armas ilegales y el desarme de la población, acciones a desarrollarse de manera conjunta, entre otros.

Detalló que la desigualdad social, el desempleo y el tráfico de drogas son las principales causas estructurales del auge de la delincuencia en el país. Para enfrentar la génesis estructural de la delincuencia se hace indispensable que el Estado garantice oportunidades de desarrollo a todas las personas, sin excepciones.

Niza Campos