SANTO DOMINGO. El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial (CPJ), doctor Mariano Germán Mejía, juramentará este viernes 12 de febrero a los 36 miembros de las comisiones regionales de seguimiento a la administración de los departamentos judiciales del país, las cuales tendrán a su cargo una serie de funciones con miras a contribuir con el fortalecimiento y agilización de los procesos.

El magistrado tomará la decisión durante una ceremonia que se efectuará en el Auditorio de la SCJ, a las 9:30 a.m., a la cual convocó a los miembros de las comisiones regionales y a todos los presidentes de Cortes de Apelación o equivalentes.

Germán Mejía juramentará para tales fines a los miembros de la comisión que preside, integrada por los presidentes de Cortes de Apelación de Santiago, Alba Collado Halls, Nancy Salcedo Fernández, Juan Rodríguez Fernández, Francisca García de Fadul y Fabio Guerrero Bautista.

También, los jueces de igual jerarquía de La Vega, Arelis Ricourt de Gómez, Elagio Antonio Pérez Taveras, Bernabel Moricete Fabián, Amauris Pimentel Fabián; el presidente de la Corte de Puerto Plata, Juan Suardí García; los del Departamento Judicial de la provincia Duarte, Ricardo Ventura Molina, Juan Castillo Plata, Claudio Aníbal Medrano y Gregorio Cordero Medina.

Asimismo, serán juramentados los integrantes de la comisión que preside la consejera del Poder Judicial, Dulce Rodríguez de Goris, los cuales son los presidentes de Cortes de Apelación o equivalentes del Distrito Nacional, Banahí Báez de Geraldo, Delfina de León Salazar, Julio Reyes José, Francisco Pérez Lora, Julio César Canó Alfau y Manuel Read Ortiz.

De igual modo, los magistrados de Cortes de la provincia de Santo Domingo, Yadira de Moya Kunhardt, Marta González Ortiz, Elena Berrido Badía y Manuel del Socorro Pérez.

La comisión que preside el consejero del Poder Judicial, Samuel Arias Arzeno, que tomará juramento de sus responsabilidades, la integran Arleni Cabral Then, José Méndez Castro, Juan Tomás Mercedes Payano, Marcelina Hernández Japa, José Manuel Glass Gutiérrez y Federico Chahín, presidentes de las Cortes de Apelación de Montecristi, San Pedro de Macorís y del Tribunal Superior de Tierras, Departamento Este.

Los miembros de la comisión que encabeza el consejero del PJ, Elías Santini Perera son los magistrados de Cortes de San Cristóbal, Juan Pérez Minyeti, Rosa Rodríguez Nina y María Garabito Ramírez; los de Barahona, Alba Burroughs Labort y María Matos Cortés, y de San Juan de la Maguana, Manuel Ramírez Suzaña.

Cada comisión tendrá a su cargo las funciones de dar estricto seguimiento a la aplicación del Código de Comportamiento Ético en las vertientes relativas a los diversos principios y obligaciones, y a su vez formular al CPJ cuantas propuestas estime pertinentes.

Asimismo, formular las propuestas de mejora que sean necesarias en cada región para eficientizar el sistema de administración de justicia, debiendo poner enfoque, principalmente, en la mora judicial y atención a los usuarios potenciando la noción de calidad y de eficiencia administrativa.

“En ese sentido, la referida Comisión deberán formular un estudio diagnóstico que refleje la realidad de cada Departamento Judicial a cargo”, precisa el CPJ, según consta en su Acta núm. 01/2016, de la sesión celebrada el miércoles 13 de enero.

Cada comisión deberá presentar trimestralmente al CPJ un informe que contenga el balance de cada uno de los departamentos judiciales, en el cual se reflejen principalmente los aspectos como el cumplimiento cabal de los horarios de audiencia de cada tribunal y la cantidad de expedientes real y efectivamente resueltos.

Indica que cada comisión deberá rendir un informe sobre la cantidad de expedientes en estado de ser decididos y reflejar las causas por las que no han obtenido solución en el plazo razonable.

En los casos de tribunales colegiados, incluyendo la Corte de Apelación y sus equivalentes, se debe indicar en cada expediente asignado a un juez la situación generado del retardo.

Los aspectos del informe de gestión que constituyen un componente de eficiencia y dedicación serán reconocidos mediante certificado que el CPJ emitirá a favor de cada juez beneficiario.

El órgano de gobierno del Poder Judicial dispuso que los programas de liquidación y descongestión que hasta ahora funcionan en el CPJ pasan a ser administrados por la Comisión que se designa en virtud de esta Resolución.

La comisión tiene facultad para pedir investigación, inspectoría ordinaria de conocimiento así como auditoría contable y financiera dirigida al CPJ, así como también podrá solicitar la implementación de proyectos y programas que sean de bienestar para la administración de justicia.

Diario Libre