Secuelas de una sentencia que define la nacionalidad

SANTO DOMINGO. A tres años de la sentencia 168-13 que fijó criterios sobre la nacionalidad, la República Dominicana continúa bajo el ojo avizor de organismos internacionales que trabajan en defensa de los derechos humanos, así como de cuestionamientos locales de protectores de los inmigrantes haitianos.

Los mayores ataques provienen de la organización Amnistía Internacional (AI) y representantes de la sociedad civil dominicana, quienes aseguran que la decisión del Tribunal Constitucional convirtió a los afectados en “ciudadanos fantasmas”, al limitar severamente sus oportunidades. Como parte de los reclamos ayer una delegación de AI, junto a miembros de la sociedad civil acudió al Palacio Nacional, donde entregó un documento con más 50 mil peticiones de 134 países, solicitando al Gobierno la aplicación de “medidas urgentes” para hacer frente a la crisis de personas apátridas en el país.

Los señalamientos contra el país se acrecentaron tras la sentencia emitida el 23 de septiembre del 2013, que establece que a los hijos de las personas residentes ilegalmente en el país desde el 1929 hasta 2007 no les corresponde la nacionalidad dominicana. La decisión ordenó a la Junta Central Electoral (JCE) hacer una auditoría del Registro Civil desde el 1929 hasta el 2007, y al Gobierno a implementar el Plan Nacional de Regularización.

Como fruto de la ordenanza, la JCE realizó un inventario a los libros del Registro Civil desde el 16 de junio de 1929 hasta el 18 de abril de 2007, que determinó que 55 mil personas estaban inscritas irregularmente. Mientras el Poder Ejecutivo procedió a promulgar la Ley 169-14 para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el Registro Civil dominicano y sobre naturalización.

Dicho medidas han sido objeto de fuertes críticas por organismos internacionales, quienes acusan al país de realizar deportaciones indiscriminadas y de despojar de su nacionalidad a miles de personas de ascendencia haitiana. La sentencia 168-13 recoge un fallo contra Juliana Dequis (o Deguis) Pierre, que determina que no le corresponde la nacionalidad dominicana por ser hija de haitianos que residían ilegalmente en el país.

55

Mil personas se determinó que estaban inscritas irregularmente en el Registro Civil dominicano.

Niza Campos