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Los gastos 'indebidos' de Wessin Chávez

La Coordinadora de los Juzgados de Instrucción apoderó al 7mo para este caso

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Los gastos indebidos de Wessin Chávez
Elías Wessin Chávez

SD. En la acusación que presentó la Procuraduría contra el ex administrador de Bienes Nacionales (BN), Elías Wessin Chávez, se le atribuye el haber "malversado" RD$19,311,540.00 en pagos de dieta laboral, gastos de representación y uso de vehículos de motor en su provecho, y del de algunos de sus subadministradores, directores y asesores.

Indica el documento que, dicho monto se utilizó sin retención de impuestos y que se manejó a través de un cuenta operativa para gastos.

Wessin Chávez, junto a los subadministradores José Jacobo De León y Elvin Leonor Arias Morban, fue sometido a la justicia bajo la acusación de prevaricación, desfalco y asociación de malhechores, al supuestamente malversar unos RD$157 millones. Del caso fue apoderado ayer el Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.

El expediente, basado en el informe de auditoría que realizó la Cámara de Cuentas a BN, indica que el acusado pagó RD$150,348,576.00 como sueldo a funcionarios y personal designado que no rinden ninguna labor a la institución. También que contrató a familiares, incluyendo a su esposa, Angie Marie Romero de Wessin, asesora de la Administración, con sueldo de 25 mil al mes; y un hermano suyo de nombre Elías Narciso Wessin Chávez, que devengaba RD$44,500.00 al mes como Encargado de Seguridad.

La pieza dice que, en total, Wessin Chávez, utilizó la suma de RD$367,032.00 en provecho de familiares suyos, y en "beneficio de familiares de otros funcionarios y colaboradores de su estrecha cercanía".

En adición, habría autorizado el desembolso de RD$4,956,839.19 por concepto de financiamiento de 25 vehículos de motor a igual número de funcionarios, que presuntamente no cumplieron con las cuotas establecidas en el convenio de financiamiento, sin que la institución adoptara ninguna medida para recuperar dichos fondos.

Otra de las acusaciones en su contra es el de favorecer a a una empresa en medio de un proceso de licitación para la venta de los metales del proyecto La Cruz de Manzanillo, sin que dicha empresa cumpliera las condiciones para lograr el contrato.