FINJUS propone mayor control y sanciones a los partidos políticos en nuevas leyes

SANTO DOMINGO. En el marco de la discusión social sobre la adopción de las nuevas leyes de Partidos Políticos y Electoral, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) propone que se incluyan en los proyectos que la Junta Central Electoral (JCE) solo acepte la inscripción de las candidaturas de personas que presenten su declaración jurada de patrimonio y una certificación de pago de impuestos de los últimos tres años.

También sugiere que se incluya sanciones a las organizaciones políticas y a los candidatos que no cumplan con las citadas medidas.

En una comunicación de prensa la FINJUS explica que para el fortalecimiento institucional de los partidos y agrupaciones políticas se requieren adoptar reglas claras para su funcionamiento interno y la adecuación de sus obligaciones.

“El debilitamiento y la baja credibilidad de los partidos políticos es consecuencia, entre otras causas, de la falta de transparencia en sus actos, tanto como organizaciones como a nivel de sus miembros. Consideramos que el principio de participación política debe ser coherente con un conjunto de requisitos de cumplimiento obligatorio para quienes se postulen a cargos públicos”, indica.

La FINJUS argumenta que con estos controles servirían como un primer filtro para neutralizar el uso de fondos públicos, en provecho particular y, por otro lado, implicaría un mayor nivel de rigor en el marco de la fiscalización directa de quienes se inserten en el escenario político-electoral.

Afirma que esos requisitos no pueden estar sujetos “a una mera prohibición sin que se precisen consecuencias por su incumplimiento.

Si bien existen mecanismos sancionatorios por parte de la Administración en el marco de las Declaraciones Juradas de Patrimonio, creemos que igual o mayor relevancia debe dársele al uso de estas herramientas dentro de los partidos políticos, a través de la Ley Electoral. Por tanto, debemos insistir en que la inscripción o no de las candidaturas debería depender de una verificación, aceptación y/o rechazo por parte de la JCE, tal y como lo disponga la ley”, dice.

En otro tenor, la FINJUS afirma que ha mostrado un alto interés sobre la observancia al principio de igualdad que debe imperar en todo sistema político. Esto implica repensar la naturaleza potencialmente nociva de ser al mismo tiempo alto directivo de una organización política y, a su vez, ocupar un alto puesto en el seno de la administración pública.

“Aunque ambas tareas no son excluyentes, deben estar condicionadas a determinadas características”, agrega.

Diario Libre