Senador acusa a Díaz Rúa de manejar contrato Codacsa a su favor

SANTO DOMINGO.- El senador Adriano Sánchez Roa acusó al ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, de manejar el contrato con la Concesionaria Dominicana de Autopistas y Carreteras, S.A. (Codacsa) atendiendo a sus intereses personales, por lo que asegura el Estado perdió unos US$109 millones.

En una resolución depositada en el Senado,  el senador por Elías Piña, alertó hoy sobre "maniobras no santas" que se estarían fraguando en las últimas relación a las concesiones de Codacsa y el Consorcio Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), que involucrarían ganancias multimillonarias para los posibles beneficiarios.

El legislador fronterizo recordó que por su iniciativa el Senado de la República aprobó en el año 2008 la resolución 5599, que pedía la rescisión del contrato por ser lesivo al país, pero que detrás de las acciones del ministro de Obras Públicas, está entregarle el peaje a otra empresa privada.

"Con aquella resolución del Senado, perseguíamos defender el patrimonio nacional, pero los intereses particulares provocaron la pérdida no sólo de más de 72 millones de dólares, cobrados graciosamente por Codacsa, sino que el país ha sido condenado por un tribunal de arbitraje internacional al pago de 37 millones de dólares en beneficio de esa empresa, que ahora se queda con 109 millones de dólares del pueblo dominicano", dijo Sánchez Roa.

El Senador peledeísta dijo que no es justo que por el afán desmedido de acumulación de riqueza de unos pocos funcionarios, pueda afectarse la imagen y la extraordinaria obra del presidente Leonel Fernández, cuyas realizaciones en beneficio del pueblo y la Nación están a la vista de todos, ni mucho menos crear distorsiones que generen serias dificultades al próximo gobierno del presidente electo Danilo Medina.

Respeto a la concesión de Aerodom, el legislador fronterizo reveló que existen aprestos en la Comisión Aeroportuaria, donde el ministro Víctor Díaz Rúa es presidente exoficio, para ampliar a la carrera otros diez años este contrato, lo que implicaría nuevas violaciones a la Constitución de la República, al desconocer otra vez el rol del Congreso Nacional, perjudicando al Estado con más de dos mil millones de dólares.

Diario Libre