En nuestro país tenemos que estudiar muy seriamente qué ocurre cuando a una institución se le otorga autonomía funcional y financiera, porque hasta ahora, en todos los casos, lo que ha ocurrido es el latrocinio, el reparto de los bienes del Estado, es decir, de nosotros, sin respetar cánones éticos y sin vergüenza alguna.

El último caso, el de la nueva Cámara de Cuentas, es el más patético de todos, porque los nuevos integrantes del órgano de fiscalización externa del Estado, fueron designados luego de una crisis de credibilidad del organismo que culminó con la destitución de sus integrantes en juicio político.

Se pensaba, que al designar a los nuevos miembros, éstos tendrían al menos el recato de no repetir los errores que terminaron con la gestión anterior. Pero no.

Comenzaron bien, manteniendo los sueldos anteriores, pero no aguantaron tres meses para meter honda la pata y además querer justificarla con un argumento baladí. La legitimidad de un hecho no depende de una norma ambigua, sino del carácter moral y ético de la decisión, parámetros que fueron violados por los integrantes de la Cámara de Cuentas.

Si es cierto que además recibieron la proporción de regalía en sus trabajos anteriores, estaríamos frente a un enriquecimiento no solo ilícito, sino que carece también de causa, por lo que pueden ser demandados en justicia.

Pensábamos que los miembros de la Cámara tendrían el carácter suficiente para evitar ser coautores de un hecho bochornoso. Nos equivocamos.

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