El diputado Ramón Velásquez, uno de los secretarios del legislativo, informó a la AP que se consultará a la Corte Suprema de Justicia, Fiscalía, Procuraduría General y el Comisionado de Derechos Humanos antes de convocar a los legisladores para discutir el punto álgido del pacto alcanzado el jueves: el retorno o no de Zelaya a la presidencia.

"No hay un plazo dado a esas instancias para que den sus opiniones, pero esperamos que sea lo más pronto posible", manifestó Velásquez, del minoritario Partido Demócrata Cristiano y reticente a la reinstalación del gobernante depuesto.

El diputado Erick Rodríguez, un liberal aliado a Zelaya que participó de la reunión de la junta directiva y los líderes de las bancadas, señaló a la prensa que no estuvo de acuerdo con esa resolución. "Si es un arreglo político, por qué elevarlo a la Corte Suprema", se preguntó.

El Congreso destacó en un comunicado que "las instituciones consultadas deberán remitir sus informes en los tiempos que determinen sus marcos legales internos tomando en consideración, además, la importancia y el interés nacional del asunto". Después de cumplida esta fase se llamaría a los legisladores a sesiones.

El acuerdo firmado por las partes en conflicto establece que el Congreso debe retroceder la titularidad del poder ejecutivo a su estado previo al 28 de junio, cuando Zelaya fue expulsado del país por militares. El líder depuesto permanece refugiado en la embajada brasileña en Tegucigalpa desde hace más de un mes.

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