Parece un despropósito establecer salarios para posiciones oficiales que son el equivalente a casi cien salarios mínimos, cuando no parece posible que se aumenten los sueldos de policías, guardias y maestros.

Es comprensible que los más altos dignatarios del Estado devenguen un salario digno, pero no es lo mismo ser presidente de una Cámara Legislativa que ser Presidente de la República. Los niveles de responsabilidad no son los mismos, ni el trabajo, ni las personas a cargo.

Por otra parte, si bien es cierto que los altos funcionarios deben tener salarios competitivos con el sector privado, no es lo mismo ejercer una función pública que una privada. La función pública va rodeada de unos privilegios que no la tiene la privada, y no es verdad que porque se gane un poco más se va a evitar la corrupción si la honestidad no se lleva en la sangre.

El presidente Fernández, aunque sea el último acto de gobierno que realice, debe vetar ese proyecto que sólo demuestra la poca sensibilidad de nuestros legisladores.