El proyecto de ley de salarios para el sector público ha levantado roncha, y con razón, porque el proyecto afecta cuestiones fundamentales que tocan la Constitución en varios aspectos.

La primera es la disposición sustantiva que prohíbe a los funcionarios aumentarse el sueldo para provecho propio durante un período constitucional. La prisa en hacerlo ahora es para que beneficie a partir del 16 de agosto próximo.

El segundo aspecto tiene que ver con la separación de los poderes, principio fundamental de nuestro ordenamiento jurídico.

La Constitución dominicana concibe al Poder Legislativo y al Judicial como entes de control. Al someterlos a los dictados de un ministerio que depende del Poder Ejecutivo se estaría rompiendo la delgada línea que separa esas importantes funciones del Estado.

Pero hay más. Aparte de las motivaciones particulares que pudieron tener los senadores para modificar la pieza, se van a encontrar con la oposición de los diputados en la soterrada lucha que desde hace tiempo se libra en el Congreso por la supremacía funcional.

Si los diputados modifican el proyecto, el Senado no tendría más opción que aprobarlo como le llegue de la cámara baja o moriría.

Quedan pendientes el tema de los órganos de carácter constitucional, los cuales tienen un tratamiento especial y el manido tema del salario presidencial que no puede compararse con ningún otro, porque los gastos del Presidente son adoptados por el Estado.

Este proyecto no debió nunca cursar en el Congreso en la forma en que se hizo, pero esas son las cosas de la transición.

atejada@diariolibre.com