Existe la ilusión de que las cosas serán distintas, de que los grandes problemas de la sociedad serán enfrentados, y no pospuestos.

A ese respecto, la propuesta de reforma fiscal presentada por las autoridades, merece que sea dotada de un grado mayor de sintonía con la necesidad de que el Estado se convierta en agente de ruptura con lo que está mal.

El gasto dispendioso realizado en 2012, no puede ser una referencia para pretender mantener un nivel nominal similar en 2013. A la sociedad no le corresponde acomodar al Estado en sus excesos; es el Estado el que debe acomodarse a las necesidades de la sociedad.

Una reforma fiscal orientada a racionalizar en profundidad el gasto, y resolver problemas fundamentales, estaría integrada en una visión de cambio. A lo cual habría que agregar los objetivos de minimizar el déficit, contener la deuda, cancelar la deuda cuasi fiscal, y mejorar la competitividad. Lograr ese conjunto de metas, mejoraría los fundamentos de la economía y la conduciría hacia el crecimiento sano y la superación de la pobreza.

Un Estado fuerte y funcional es aspiración de muchos; lo contrario es una condena a la sobrevivencia civilizada.

Si no se enfrenta ahora el problema eléctrico las finanzas públicas seguirán navegando en el dispendio. Y vendrán nuevos parches tributarios. El pacto eléctrico no puede ser independiente del fiscal, porque gran parte del deterioro de las finanzas públicas se origina en ese sector.

Las transferencias y subsidios injustificados e insostenibles, como los del sector eléctrico, deben sufrir un recorte grueso, pero hay otras áreas en que también puede recortarse el gasto. Hacerlo así equivaldría a liberar recursos que ahora se malgastan, para usarlos en fines prioritarios, como si fueran nuevos ingresos.

Las líneas fundamentales del pacto deben enmarcarse dentro de una visión integral de la economía, que tome en cuenta, además de lo fiscal, el sector externo y monetario.

No luce apropiado proponer un déficit fiscal de 3.4% del PIB para 2013, después del enorme desequilibrio que ya se acumula, cuando la tónica debe ser la frugalidad y la contención en el endeudamiento. Lo prudente es plantear que el déficit global no supere el 1.0 % del PIB. Además, que se controle el crecimiento de la deuda pública, y se cancele la deuda cuasi fiscal, a un costo de alrededor de 0.5% del PIB anual.

En esta primera etapa es vital que el superávit primario se acerque al 2.5% del PIB. Lograrlo sería gran contribución al país y mérito de las autoridades.

La fuerza moral para aumentar los ingresos tributarios descansa en la reestructuración de todo gasto superfluo. Y en ese contexto, la ciudadanía podría asumir como un mal necesario la aceptación de otro embate tributario.

La ampliación de la base pudiera propiciar una mejoría en la eficiencia recaudatoria.

Con todo esto, el Gobierno podría acumular disponibilidades frescas para ejecutar sus planes. El gasto podría subir a cerca del 17.0% del PIB. Y el gasto total al 20.0% del PIB.

Si fuere así el Gobierno tendría espacio para ejecutar sus políticas programadas y para permitir al Banco Central cancelar sus valores en circulación y sanear su pasivo, eliminando la bola de nieve financiera, lo que ayudaría al fortalecimiento de la intermediación y a que el crédito se dirija en mayor medida a la producción.

En adición, la política monetaria podría mantener tasas de interés bajas y estables por un plazo largo, lo que se combinaría con una meta de acumulación anual de reservas internacionales de por lo menos 1.0 % del PIB por año, hasta llegar o superar al 10% del PIB, lo que impulsaría el crecimiento y la competitividad.

Esto supondría un fuerte apoyo a las exportaciones de bienes y servicios, y llevaría a la eliminación del déficit en cuenta corriente de balanza de pagos, a la formalización del mercado de trabajo, la flexibilización del mercado laboral, y el incremento de la protección social. Y sería coherente con la atracción proactiva de inversión vinculada a actividades expuestas a la competencia internacional.

Por otro lado, las reglas fiscales deben comenzar a tener estabilidad. La sociedad no puede vivir en sobresalto continuo con una "reforma" cada pocos años. Y debe aprobarse una ley de responsabilidad fiscal y otra que limite el monto a modificar en el presupuesto complementario.

Esta propuesta alternativa así resumida, está situada en el camino del desarrollo. Y ese es el sentido que debe tener la reforma fiscal.

Hay tiempo para mejorar. Manos a la obra.

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