EN DIRECTO|29 dic 2012, 12:00 AM|1|POR Eduardo García Michel

La Castellana y las normas municipales

En 1980, hace ya tanto que casi no quisiera acordarme, tres vecinos, Rafael Damares Toribio, Jesús Villeta, y quien escribe, celebrábamos la Navidad y el estreno de nuestras respectivas casas, recién construidas, sentados en sillas que sacamos a la calle 29 oeste de La Castellana, aún vacía. Ahí, en medio de la espléndida noche y con un cielo en que reverberaban las estrellas y su luz acariciaba las pupilas, mostrábamos nuestro júbilo por haber alcanzado una nueva meta en la vida familiar de cada cual.

Aquello era un hermoso campo, de praderas verdes, y nuestras casas fueron las primeras que se asomaron en ese entorno.

La Castellana es un núcleo urbano de la ciudad de Santo Domingo concebida en los años 70 como la prolongación de la urbanización Los Prados, pero con estándares más altos, ya que era el proyecto estelar del Banco Nacional de la Vivienda, en el que se proponía corregir errores y superar aciertos.

Construimos allí porque dentro de las precariedades que siempre han afectado a la clase media, existía la perspectiva de vivir, a un costo razonable, en una urbanización moderna, sin cables eléctricos aéreos, pues estaban soterrados, con un sistema funcional de alcantarillado de aguas negras y pluviales, calles amplias y arboladas, que respondían a un orden numérico para que fuese fácil ubicarlas, con reglamento de uso de suelo que la especializaba para viviendas con un máximo de dos niveles, y con la seguridad de que allí habitaría gente de clase media, sobre todo profesionales.

La urbanización ha sobrevivido el paso de las décadas con deterioro en algunos aspectos y avances en otros, pero sin mayores sobresaltos.

Por esas cosas que caracterizan el país en que las mejores promesas se convierten en fiascos, hace tiempo que el alambrado soterrado fue sustituido por horrorosos cables gruesos y eléctricos que cruzan a través de las calles y dañan su aspecto, en favor de empresas que venden servicios y hacen negocio, sin tener en cuenta ni importarles que deterioran el medio en que se establecen.

Y ahora, en medio de la angustia que aflige al país por el avance de la delincuencia y de la inseguridad ciudadana, que ha obligado a las familias a enrejar los recintos y patios, sacrificar la estética y el sentimiento de libertad de los espacios abiertos, se añaden nuevas preocupaciones a los integrantes de la urbanización.

En efecto, desde hace algún tiempo, se ha desatado una presión que alcanza el ámbito de la autoridad municipal, originada en quienes buscan multiplicar con facilidad su dinero sin que haga diferencia que, para lograrlo, tengan que afectar y dañar la vida de la comunidad. Esa presión está dirigida a cambiar la regulación de uso de suelo en La Castellana para que se permita construcciones de varios niveles, a ser establecidas en un terreno arcilloso e impropio para la edificación en vertical.

Pero, todo tiene un límite y hasta la paciencia se agota.

Da gusto contemplar la reacción que se va conformando en los habitantes de ese espacio municipal, coordinados por la Junta de Vecinos, que han comenzado a expresarse a través de carteles que se han puesto en muchas paredes del perímetro, en oposición al cambio en la regulación del suelo, acompañados por marchas de los residentes en expresión de protesta.

Ya ha habido tres marchas pacíficas celebradas con ese propósito, y cada vez es mayor la concurrencia e indignación que se levanta por el irrespeto a las normas establecidas. Y es notorio que en esas aglomeraciones participa la juventud, con notable entusiasmo, lo cual parece comenzar a marcar un punto de inflexión en la actitud de la clase media, cansada ya de tantas acciones fallidas, y de tantas concesiones a los que pretenden enriquecerse manipulando y cambiando las normas de convivencia.

En efecto, no hay derecho a que quienes hayan decidido invertir su ahorro de toda una vida para comprar o construir una vivienda en una zona exclusivamente residencial y de baja densidad, se vean sorprendidos por aprestos evidentes de cambios en las regulaciones que sólo responden al deseo de algunos de hacer dinero a la carrera, y que tienden a afectar la tranquilidad y modo de vida de cientos de familias.

Ojalá que las autoridades municipales ponderen las señales claras que están surgiendo en este sector, contribuyan a preservar el sosiego, y hagan una fuerte alianza con la comunidad en el empeño de tener una población mejor servida, respetando sus derechos, al tiempo que se exige el cumplimiento de los deberes respectivos.

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