EN DIRECTO|05 jun 2013, 12:00 AM|1|POR Erick Dorrejo

Recursos en juego

El debate sobre la utilización de los recursos naturales ha dominado el escenario Latinoamericano con mayor intensidad durante los últimos años; las naciones se encuentran al acecho de importantes emporios económicos los cuales buscan conquistar territorios con alto potencial para la extracción de recursos con alta rentabilidad. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), América Latina y el Caribe posee 65% de las reservas mundiales de litio, 42% de plata, 38% de cobre, 33% de estaño, 21% de hierro, 18% de bauxita y 14% de níquel; de igual manera resaltan sus reservas petroleras, con un tercio de la producción mundial de bio-etanol, cerca de 25% de biocombustibles y 13% de petróleo.

En la actualidad Latinoamérica es una región exportadora de recursos naturales, según los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la primera década del siglo XXI los niveles de exportaciones más elevadas de la región en cuanto a este tipo de recursos se encuentran en Trinidad y Tobago (87%), Venezuela (81.2%), Bolivia (63%), Chile (55.7%), Ecuador (55%), Guyana (42%), Perú (32.9%), Colombia (23.9%) y México (15.8%).

Algunos organismos internacionales han señalado durante décadas el peligro de esta situación, ya que a pesar de que este proceso de explotación de los recursos naturales incide en un aumento en el crecimiento económico, los procesos de explotación sin instrumentos concretos de gestión podrían convertirse en un costo importante para la sostenibilidad del medio ambiente y por consiguiente impactar de forma negativa las futuras generaciones que solo recogerían los platos rotos de negociaciones que no han tomado en cuenta las potencialidades y necesidades de los territorios ante una mirada que preserve las fuentes agotables de los recursos nacionales.

Los más recientes acontecimientos en esta materia sucedidos en la República Dominicana durante los últimos años certifican que la isla caribeña no se encuentra exenta a esta realidad; numerosos intentos de explotación han surgido en el territorio nacional con un saldo de procesos iniciados, algunos descartados y otros en veremos. En la actualidad la toma de decisiones para la explotación de esta materia prima se encuentra a la discreción del gobernante de turno, con la tristeza de que la práctica ha llevado a los tomadores de decisiones a contratar los estudios para la aprobación de la explotación a organismos de la cooperación internacional.

Sin embargo lo acontecido en el país evidencia que la nación se encuentra carente de herramientas que permitan a los tomadores de decisiones discriminar entre la variedad de proyectos que se presentan; para esto es necesario definir zonas de estratégicas de desarrollo a nivel nacional que permita aplicar instrumentos específicos de acuerdo a las zonas de intervención seleccionadas, de igual manera deben formularse mecanismos para el financiamiento de los territorios que son impactados por estas operaciones en procura de obtener el desarrollo sostenible de las comunidades instaladas y finalmente la definir un protocolo para la inversión de estos recursos tanto en términos regionales como locales.

Estas herramientas e instrumentos permitirán definir de manera clara las reglas de juego tanto para los interesados en invertir sus capitales en nuestras tierras, como para los encargados de otorgar permisos de explotación que garanticen el menor impacto negativo sobre los recursos de la nación y por consiguiente en su gente. Esto permitirá eliminar el riesgo de que las instituciones responsables de otorgar los permisos de extracción fundamenten su posición en la necesidad de mejorar las condiciones socioeconómicas, ambientales y tecnológicas, para garantizar una explotación sostenible.

@erickdorrejo

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