El Pacto Educativo y su limitado impacto cualitativo

"La educación es el medio más idóneo para la cohesión social de la nación dominicana, por lo cual estamos dispuestos a poner el interés colectivo supremo por encima de los intereses individuales y sectoriales, a fin de garantizar el derecho fundamental de todos los niños, jóvenes y adultos a recibir una educación de calidad, conforme a lo consagrado en la constitución de la Republica Dominicana." (Pacto Nacional por la Reforma Educativa en la Republica Dominicana)

Finalmente, el pacto educativo ha sido firmado. Tanto el presidente Medina como Monseñor Agripino Núñez Collado merecen el reconocimiento por los esfuerzos desplegados para que ese proceso de concertación se convirtiera en un pacto que ha unido las voluntades de los más diversos grupos de la sociedad con el interés de mejorar la calidad de nuestra educación. Sin dudas, se trata de un esfuerzo loable. No obstante, la inquietud que surge es la de si el acuerdo logrado podrá servir de plataforma para relanzar la rezagada educación nacional, en contraste con los esfuerzos que desde finales del siglo pasado se han realizado -planes decenales, objetivos del milenio, foro presidencial, metas educativas, y otros- sin que los resultados hayan satisfecho las expectativas creadas.

Es sumamente complicado y complejo poner de acuerdo en la mesa de negociación a actores que llevan la representación explícita de intereses sectoriales. Es una realidad que queda reconocida cuando al principio del pacto se habla de "poner el interés colectivo supremo por encima de los intereses individuales." En la reciente reforma concertada el año pasado en el Pacto por México, en el que se incluye un pacto educativo que apenas tiene dos páginas, los firmantes fueron únicamente los dirigentes políticos, incluidos el Presidente de México y los dirigentes de los tres partidos mayoritarios (PRD, PRI PAN). Esto asegura que los costos políticos de la reforma sean asumidos por una especie de liderazgo responsable bajo el compromiso de que el pacto forma parte de una política de Estado, independientemente del partido gobernante.

Uno de los problemas más serios que enfrenta el sistema educativo nacional -a mi modo de ver el tema- es la segmentación entre educción pública y privada. No hay una conexión competitiva entre ambos. La educación pública tiene una demanda cautiva en los sectores más empobrecidos de la nación, quienes no tienen la opción de recibir una educación privada generalmente de mayor calidad. Esto tiene un impacto de largo plazo en el mercado laboral, cuando los entrenados en el sistema público tengan que competir con recursos humanos mejor calificados. Si bien la educación es un bien público que el Estado debe garantizar, no es menos cierto que la provisión del mismo no debe limitarse a la oferta de las instituciones públicas. Esto nos lleva al tema del financiamiento. ¿A quién financiar? ¿A la oferta o la demanda? Lo ideal es que haya una saludable combinación de ambas. Pero es importante promover la movilidad estudiantil entre los sistemas público y privado de educación. Darle al estudiante, sobre todo a los meritorios, la oportunidad de recibir una educación de mejor calidad. Mientras la educación pública permanezca aislada de la competencia no tendrá ningún incentivo para mejorar. Esa es una realidad que parece no cambiará sustancialmente con la firma del pacto educativo.

Precisamente, para mejorar la calidad educativa, el pacto prevé la "instalación de una cultura de evaluación en el sistema educativo dominicano", para lo cual se fortalecerán las facultades del Consejo Nacional de Educación para que se realicen evaluaciones independientes. En el caso mexicano, la solución planteada ha sido la de dotar al Instituto de Evaluación Educativa (INEE) de autonomía plena para llevar a cabo ese proceso. Me parece que esta solución es mucho más eficiente que la nuestra, pues separa, completamente, el órgano evaluador de quienes dirigen las instituciones involucradas en la implementación de los planes educativos. En el caso de la evaluación de los docentes, el pacto nuestro luce ambiguo y -principalmente- se acoge a la normativa vigente. Es un aspecto que merece mayor ponderación a los fines de determinar las deficiencias y los tratamientos remediales que son necesarios en cada caso.

Dos temas para concluir. Primero, en el pacto no hay explícitamente un compromiso de la educación con las nuevas tecnologías. En el citado caso de México, uno de los compromisos que se derivan del pacto es la implementación de un programa para dotar de computadoras portátiles a los niños entre 5to y 6to de primaria de las escuelas públicas para promover la alfabetización digital. En la era de la información debemos dar respuestas las brechas digitales que se generan entre niños que tienen acceso a las nuevas tecnologías y los niños de escasos recursos que tardíamente entran en contacto con ese mundo. Segundo, al principio del pacto se menciona un régimen de consecuencias para el no cumplimiento de lo pactado. Sin embargo, posteriormente el tema no se aborda para definir en qué consiste dicho régimen.

Es nuestra esperanza que este pacto sirva a los propósitos de llevar al sistema educativo dominicano al siguiente nivel de calidad. Pero para ello necesitaría una mayor articulación muscular. Ojala que esto se pueda lograr con la normativa que deberá diseñarse en línea con los compromisos pactados.

@pedrosilver31

Pedrosilver31@gmail.com

Pedro Silverio Alvarez