El papa Francisco y el derecho internacional

De regreso a Roma tras su viaje a Corea del Sur, el papa Francisco elevó su voz de alarma ante las atrocidades cometidas por el grupo extremista El Estado Islámico contra las comunidades yazidíes y cristianas en el norte de Irak. Su reacción se produce ante los asesinatos masivos, los desplazamientos forzados de decenas de miles de personas y el terror contra estos grupos humanos que se encuentran, a punta de bayoneta, ante la disyuntiva de convertirse al islamismo de esta secta extremista o enfrentar la muerte o el destierro.

El llamado del papa Francisco pone de manifiesto la debilidad crónica del sistema de normas e instituciones internacionales en cuanto a su capacidad para enfrentar situaciones de este tipo. Dice el Papa: “Cuando hay una agresión injusta, es lícito detener al agresor injusto…”, a lo cual agrega que “después de la II Guerra Mundial esto es un deber de las Naciones Unidas”, con lo cual critica de paso las acciones unilaterales de las potencias militares al señalar que “tantas veces, con la excusa de detener a los agresores, las potencias se han apropiado de los pueblos y han realizado verdaderas guerras de conquista”.

El problema que plantea el llamado del papa Francisco es que, una vez más, la comunidad internacional, en su forma estructurada a través de las Naciones Unidas, pone de manifiesto su incapacidad para responder a situaciones de violencia masiva y sistemática contra ciertos grupos humanos. Lo que ocurre en le norte de Irak hace recordar la limpieza étnica, las violaciones de mujeres indefensas, los asesinatos masivos y los desplazamientos forzados contra la población bosnio musulmana en Boznia-Herzegovina, así como contra la población albanesa en Kosovo, por parte de las milicias serbias en los años noventa.

Ante la parálisis de la comunidad internacional como resultado de los bloqueos en la toma de decisión en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los europeos no tuvieron otra opción que pedir la asistencia política y militar a Estados Unidos para que, al margen de este órgano del sistema internacional, dar una respuesta a una problemática que no solo estremecía la opinión pública mundial, sino que se estaba convirtiendo en una amenaza a la seguridad de Europa. En el caso de Kosovo, la OTAN llegó a adoptar, por primera vez en su historia, una resolución que sirvió de base a la respuesta militar, liderada por Estados Unidos, contra las fuerzas serbias, encabezadas por el déspota y sanguinario general Slobodan Milosevic.

Por supuesto, se podrían citar muchos otros ejemplos en los que la comunidad internacional permanece indiferente y pasiva ante acontecimientos que ameritan su intervención. En unos casos es Rusia o China los que bloquean la toma de decisión en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, mientras que en otros es Estados Unidos que lo hace, aunque hay que reconocer que este último país, a pesar de su proclividad al unilateralismo en su acción internacional, ha asumido papeles, responsabilidades y costos que han sido indispensables para revertir situaciones como las antes descritas.

A pesar de la recurrencia de fenómenos de este tipo, los Estados han sido resistentes al desarrollo de normas e instituciones en el Derecho internacional que puedan servir de base para acciones colectivas legitimadas de la comunidad internacional ante situaciones como las que han generado la reacción del papa Francisco. Puede decirse que hay buenas razones para ello: los Estados tienen temor de que, en nombre de “causas justas”, las potencias más poderosas interfieran en los asuntos internos de Estados más débiles. A la vez, sin embargo, la ausencia de un instrumental jurídico e institucional de carácter internacional que permita accionar colectivamente cuando hay crisis humanitarias extremas, como la que existe en el norte de Irak, crea la brecha para la acción unilateral de un país o un grupo de países, los que no siempre actúan movidos por razones estrictamente de orden moral.

En cualquier caso, la recurrente incapacidad de la comunidad internacional de actuar como un todo articulado en base a decisiones emanadas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, único órgano con potestad de autorizar el uso legítimo de la fuerza en el sistema internacional bajo el capítulo VII de la carta de dicha organización, pone de manifiesto tanto los vacíos jurídicos como los serios problemas institucionales en la toma de decisión entre los Estados frente a problemas de este tipo en el escenario internacional. Se trata, por demás, de una situación que no está llamada a cambiar en el corto o mediano plazo, pues no hay por parte de los Estados ningún consenso emergente ni ningún esfuerzo de redefinición de las reglas y de la arquitectura institucional con miras a dotar a la comunidad internacional de las herramientas y las potestades legítimas que le permitan dar respuesta efectiva cuando se presenten situaciones como las que, con tanta razón y propiedad, ha denunciado el papa Francisco.

Flavio Darío Espinal