Sobre el asalto de Trujillo al poder (2 de 3)

En la página 59 del Tomo V de la Historia General del Pueblo Dominicano y en el capítulo Asalto de Trujillo al poder, se dice: “En abril de 1927, cuando faltaba más de un año para que expirara el período de Vásquez (según la versión de Víctor Medina Benet y de Bernardo Vega), el Congreso Dominicano aprobó una ley autorizando la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Vásquez no la vetó. Reunida en junio, la Asamblea aprobó una reforma que establecía la duración del gobierno de Vásquez hasta agosto de 1930 es decir seis años, sin que este pudiese ser reelegido. A esto se le llamó la Prolongación. Por otra parte, también dispuso que, si el vicepresidente no juraba su cargo en 1928, se consideraría que había renunciado….”

Lo que acabamos de citar es una interpretación proveniente de las mismas fuentes anti horacistas utilizadas con amplitud por Bernardo Vega, que no tiene en cuenta otros argumentos, como por ejemplo los expuestos por Gustavo Díaz, a la sazón Presidente del Senado, que a pesar de su elevada relevancia para entender este tema tan complejo no se incluyen en el capítulo.

Si por lo menos se hubiera expuesto el texto de la ley No. 638, de 1927, que fue la que convocó a la Asamblea Constituyente, el lector hubiera tenido la oportunidad de hacerse un juicio más apropiado. Dicho texto dice en su parte introductoria: “Considerando que el Presidente de la República y los Senadores que fueron elegidos el 15 de marzo de 1924 lo fueron por un período de seis años, de conformidad con los términos de la constitución de 1908 a cuyo amparo se hicieron aquellas elecciones, que en consecuencia, el período de ejercicio de los actuales Presidente de la República y Senadores vence el 16 de agosto de 1930.”

Era pues la constitución de 1908 la que contemplaba el mandato por 6 años y la posibilidad de reelección, lo cual es muy diferente a decir que la Asamblea de 1927 fue la que prolongó el período. Es incontrovertible que Horacio fue electo en marzo de 1924 estando vigente la Constitución de 1908. Siendo así, resulta incorrecta la afirmación de que “Horacio Vásquez debía entregar la presidencia en julio de 1928”, como sugieren Benet y Vega.

Si se hubiera querido eliminar cualquier duda, lo que debió de haberse hecho era reformar primero la constitución de 1908 y haber celebrado las elecciones en marzo de 1924 bajo el manto de esa nueva pieza, pero no se hizo así. Eso no es óbice para aceptar que existían otros instrumentos jurídicos y cierto estado de opinión que daban por un hecho la limitación del período. Sin embargo, también habría que admitir que por encima de todos ellos dominaba la constitución de 1908.

En cualquier caso, el hecho de que Horacio intentara reelegirse más adelante en 1930, de acuerdo a la constitución que estaba vigente que así lo permitía, jamás puede ser tomado como argumento para justificar un golpe de estado contra un gobierno legítimamente constituido, y mucho menos para convertir en culpable al derrocado y exonerar de culpa a los que de verdad perpetraron la infamia de secuestrar a un pueblo para servir sus propios fines y engolosinarse con el poder durante nada menos que 31 años en que gobernaron amparados en el terror y la corrupción. Esto es presentar los valores al revés.

La reelección no debe ser satanizada por si misma. Y mucho menos si se utiliza como excusa para justificar la toma del poder por la pandilla que solo lo soltó por la fuerza de las armas treinta y un años después. Tremenda contradicción: satanizar la reelección en Horacio Vásquez y santificar el hecho de que el brigadier Trujillo se perpetuara en el poder por 31 años.

La posibilidad de reelección así como la duración del periodo de gobierno son hechos históricos que responden a la forma de pensar de cada época o al equilibrio social y político imperante en la sociedad. No son ni buenas ni malas por si mismas.

Para situarnos en una perspectiva más amplia, ha habido momentos en que en un ámbito geográfico distinto al dominicano surgieron circunstancias extraordinarias que determinaron que se rompiera una tradición de gobierno por solo dos períodos, o sea 8 años, como fue el caso de Franklin D. Roosevelt en Estados Unidos, que se reeligió tres veces, a quien nadie acusa de culpable de nada sino que se le reconoce su magnífico aporte como gobernante en un período de incertidumbre mundial.

Y es que la reelección pudiera justificarse por tiempo determinado según la modalidad que convenga en cada época a cada pueblo, y sobre todo en ocasiones extraordinarias. En 1930, en un entorno de convulsión mundial, bien pudo haberse justificado y servido al propósito de consolidar la normalidad y las instituciones democráticas, rotas por la intervención de los Estados Unidos entre 1916 y 1924, y fue una pena que no se lograra pues lo que ocurrió cambió el destino de este país y consagró la tradición autoritaria de poder.

Los tiempos en que gobernó Horacio fueron complejos, difíciles y de crisis mundial al final de su mandato. Si se hubiera reelegido en 1930 nadie sabe que país nos hubiera legado, pero dejó importantes realizaciones en los planos económico, social e institucional que sugieren que hubiera sido mucho mejor que el que configuró el sátrapa, de cuyas nefastas consecuencias todavía el pueblo dominicano está tratando de zafarse. Y sobre todo hubiera reafirmado la vocación democrática y liberal en vez de la autoritaria.

La alternativa que emergió, el trujillato, lo hizo en el campo de lo abominable y convirtió lo que tiene mérito para adquirir la categoría de principio, la necesaria limitación en el tamaño del mandato, en una mascarada injustificable que lamentablemente introdujo en el tuétano de la sociedad dominicana el germen de la corrupción de estado y la confusión de valores.

Describir y exponer ese proceso con visión crítica, dejar al desnudo a quienes lo propiciaron y fueron responsables verdaderos de su surgimiento y operación durante tanto tiempo, es parte de la encomienda que corresponde realizar a los historiadores, sin banalizarlo ni desnaturalizarlo.

La caída de Trujillo se produjo 31 años después, pero ha sido de lamentar que no hubiera ocurrido el movimiento purificador que debió de haber transformado y saneado la sociedad sino que, como el germen del trujillato se mantuvo vivo y en dominio de amplios resortes del poder, se procedió al apaño, a ocultar archivos y datos, a hacer creer que todos eran iguales, a falsificar la historia, lo que ha provocado que se prolongara por demasiado tiempo la impunidad y que esta llegara a considerarse como intrínseca a la condición de dominicano.

Por eso resulta tan natural colocar a las víctimas como verdugos o culpables y llevar al pedestal a los impostores. Y por eso se impone revisar a fondo los fetiches históricos que se han ido creando.

Eduardo García Michel