Exenciones fiscales o gasto tributario

En un reciente estudio del Banco Mundial, del año fiscal 2012-13, titulado ¿Renta o reformas: economía política del desarrollo en República Dominicana?, se afirma que “una de las razones estructurales del persistentemente débil desempeño de las recaudaciones es el extendido régimen de exenciones, que se estima totaliza cerca del 5% del PIB”. Por otra parte, en el proyecto de presupuesto para 2015 se estima que el gasto tributario ascendería al 6.7% del PIB, que equivale a RD$201,752 millones.

La publicación de esos montos tan elevados ha dado lugar a titulares en los periódicos que han movido el morbo de los lectores. El propio Banco Mundial ha contribuido a alimentarlo al no explicar su naturaleza. Por tanto es pertinente hacerse la pregunta de en qué consisten esas exenciones o gasto tributario. Veamos.

De esos RD$201,752 millones de exenciones, el 48%, o sea RD$96,266 millones corresponden a ITBIS que la ley autoriza a no cobrar, por ejemplo cuando se hace una compra de alimentos básicos, o se reciben servicios relacionados con la salud o se adquieren determinados medicamentos, o se pagan gastos correspondientes a educación, o se reciben servicios de peluquería, transporte, o bancarios, entre otros. Y, ¿por qué no se cobra este ITBIS? Por decisión del estado para no incrementar el costo de la vida a los sectores menos pudientes y a la clase media. Son las sucesivas administraciones las que se han opuesto a generalizar la base del ITBIS por temor a un brote inflacionario y al surgimiento de protestas sociales.

Otros RD$28,183 millones, que equivalen al 14% del total de exenciones, tienen que ver con la decisión de no cobrar el impuesto selectivo al combustible que utilizan las empresas generadoras para producir electricidad (RD$22,660 millones), con el propósito de evitar que la tarifa eléctrica se incremente. También están exentos de ese impuesto empresas de zonas mineras, de zonas francas, contratistas del sector público. Es el propio estado el que ha determinado no cargar más presión sobre el costo de la energía eléctrica, dadas las precariedades del servicio.

Y así, en orden de importancia cuantitativa siguen RD$25,408 millones que se dejan de pagar como impuestos al patrimonio, de los cuales las personas físicas son responsables de RD$4,929 millones ya que está exento el valor de cualquier propiedad inmobiliaria familiar de hasta RD$6.7 millones con el propósito de no afectar la adquisición de una primera vivienda; el impuesto sobre la renta con RD$23,242 millones, de los cuales las zonas francas absorben RD$12,803 millones que operan como estímulo para atraer estas empresas y crear empleos; el arancel con un monto de RD$18,622 millones, básicamente por concepto de impuestos no cobrados a materias primas que ingresan para ser elaboradas en zonas francas y luego exportadas; y otros impuestos selectivos con RD$10,071 millones.

En conclusión, no es que particulares se estén apropiando a la brava de eventuales ingresos tributarios. Es que el estado ha decidido dejar de cobrar esos impuestos y de ingresar esos recursos por razones económicas, sociales, políticas y electorales. Esa decisión de economía política ha provocado que sus efectos de pérdidas de ingresos se compensen por la vía de mantener un sistema tributario de tasas relativamente altas comparado con la calidad de los servicios que se ofrecen, lo que incentiva la evasión y afecta la competitividad de las empresas.

En el estudio comentado, con una ingenuidad que desafía el umbral de sinceridad creíble, se afirma que “las clases media y alta en la República Dominicana muestran significativamente una mayor propensión a optar por soluciones privadas a los servicios públicos deficientes que los estratos bajos de la población.” Y agrega “a la vez, la amplia informalidad laboral conjugada con las soluciones privadas a los problemas colectivos podrían ser dos de las razones que explican la renuencia para ampliar la base fiscal en la República Dominicana.”

La verdad es que todas las clases buscan soluciones privadas a la inefectividad y baja calidad de los servicios públicos. La diferencia está en los recursos disponibles para hacerlo. Asimismo, la informalidad se nutre de un sistema de tributación cuyo costo no guarda relación con la calidad de los servicios ofrecidos. De ahí que la salida haya sido y sea la evasión, a través de la informalidad y de otras vías, concomitante con la auto provisión de esos servicios de naturaleza pública. En definitiva, algo así como si no me sirves bien y usas mal el dinero, te pago lo menos que pueda pagarte.

¿Tendría que seguir siendo así? No. Procedería una revisión profunda del sistema tributario y fiscal. Una posibilidad radical es que se haga universal la base tributaria (que todos paguen), a tasas más bajas (menos onerosas), lo que ayudaría a disminuir sustancialmente la evasión. Hay otras opciones parciales menos radicales. Sin embargo, mientras el estado no racionalice el gasto y mejore la provisión de servicios habrá una fuerte resistencia de la sociedad a ampliar su contribución tributaria.

Ajeno a estas disquisiciones, el grueso del hoyo fiscal se concentra en las transferencias al sector eléctrico y al Banco Central. Si ambas se solucionaran el gobierno liberaría recursos por alrededor de un 3% del PIB con los cuales realizar tal vez la gran revolución pendiente en el sector salud, además de consolidar la educativa. ¿Inconveniente mayor? La madeja enredada y el poder económico que mueve estos hilos.

Eduardo García Michel