La economía política del desempeño de políticas

“…una eventual crisis probablemente abriría espacio para que la comunidad internacional ejerza influencia, especialmente con respecto a reformas con implicaciones macroeconómicas y fiscales. Lo menos que la comunidad internacional podría hacer es estar preparada para una eventualidad similar, estudiando las diferentes opciones de reforma. Una crisis podría cambiar la tolerancia al riesgo y absorción de costos por parte de los votantes generales y abrir puertas a las reformas que no han sido posibles bajo circunstancias normales.” Andrea Gallina y Yasushiko Matsuda, Banco Mundial.

Lo caminos que conducen hacia las reformas no siempre son predecibles. Son tantas las circunstancias que pueden converger en un determinado momento y propiciar cambios sustanciales en la gestión pública que resulta casi imposible enumerarlas exhaustivamente. Está claro, sin embargo, que la viabilidad de las reformas puede ser analizada a través de cómo sus costos y beneficios son distribuidos a lo largo y ancho de los grupos de intereses que operan en la sociedad. Cuando –por ejemplo- los costos se concentran sobre grupos pequeños bien organizados y con poder político, es poco probable que el proceso de reforma se pueda ejecutar, aun cuando los beneficios pudieran alcanzar a grandes segmentos de la población débilmente organizados. Este es el tópico que ha abordado un grupo de técnicos del Banco Mundial en un informe reciente titulado “¿Rentas o reformas? La economía política del desarrollo en República Dominicana”.

El citado informe destaca que a pesar de que en los últimos quince años en nuestro país se han tratado de ejecutar numerosos «intentos de reformas complejas» en áreas como las de energía, salud, educación, protección social, fiscal y otras, los resultados no han sido los mejores. De tal manera que si bien en algunos sectores se ha avanzado, en general, las políticas del Estado Dominicano no han logrado –de acuerdo con los autores- conciliar los niveles de crecimiento económico con los elevados niveles de pobreza y, por otro lado, algunas reformas han resultado un fracaso, mientras otras han sido revertidas con el paso del tiempo. Esto ocurre en el contexto de unas relaciones entre políticos y votantes basadas en el clientelismo, lo que ha impedido la construcción de un Estado eficiente en términos sociales. Esto es, el Estado no mitiga a través de sus servicios públicos –como la salud y la educación- las graves desigualdades que predominan en la estructura social dominicana.

Los autores plantean que hay un consenso entre los académicos de que el clientelismo es la variable fundamental para entender la actividad política en República Dominicana. Dos datos parecen confirmar esta apreciación. En el 2010 –continua el informe- nuestro país ocupó el primer lugar en clientelismo político en una muestra de países de América Latina y el Caribe, en la que el 20% dijo haber recibido ofertas de políticos a cambio de su voto. Mientras que en el 2011, el país quedó entre los tres países más clientelistas del mundo, en la nada grata compañía de Senegal y Mongolia. Gallina y Matsuda vinculan este clientelismo con la falta de propuestas programáticas de los candidatos. ¿Para qué un candidato se va a molestar en proponer un compromiso serio de políticas, si el votante tiene la opción de vender su voto al mejor postor? No es sorprendente –a la luz de esta realidad- que el votante dominicano atribuya tan poca importancia a los programas de gobierno de los candidatos, cuando se hace la comparación con el resto de América Latina. Y eso lo saben perfectamente quienes se postulan a posiciones electivas. De hecho, ese ejercicio clientelar es clave para acceder a las posiciones públicas, nos recuerdan los autores. En este marco, es entendible que ni en el 2010 ni en el 2012 los principales candidatos se pusieran de acuerdo para debatir públicamente sus propuestas programáticas, algo que debe ser obligatorio para que a los partidos políticos se les otorgue financiamiento público.

Pudiera inferirse que el equilibrio de economía política en República Dominicana se mantiene en base a tres realidades –destacadas en el informe. La primera, la clase empresarial está dividida entre los grupos importadores y comerciales, y el sector manufacturero concentrado básicamente en la Santo Domingo y Santiago; la segunda, la sociedad civil está capturada por algunas elites; y tercera, las elites políticas tradicionales están siendo cuestionadas por la aparición de cuadros partidarios no tradicionales. Es un equilibrio, no obstante, que genera una dinámica que en nada favorece la implementación de reformas dirigidas a superar las debilidades estructurales de nuestra economía. O generan consensos de baja calidad, en términos de la eficiencia económica.

Lo que no deja de sorprendernos es que los autores –técnicos del Banco Mundial- adviertan a la comunidad internacional que deben estar preparados con propuestas que pudieran dar respuestas a una posible situación de crisis, pues en ese momento habría menos resistencia a la implementación de un programa de reformas estructurales. Y nos preguntamos, ¿se trata de una simple advertencia, o de un escenario de alta probabilidad?

Pedro Silverio Alvarez