La ventaja del incumbente y el “barrilito”

“En las últimas décadas, la profundización en la materia llevó a la proliferación de estudios dirigidos a encontrar las causas de la ventaja electoral para los incumbentes. Algunas de estas investigaciones argumentan que el control de los recursos del Gobierno acerca a los candidatos a la reelección con el electorado en la medida en que se encuentran en una posición más favorable para atender sus demandas. Al hallarse en el cargo, el incumbente conoce las necesidades de sus representados… Cuanto más grande el acceso a los recursos que satisfagan a los votantes, tanto más fuerte es la ventaja del incumbente.” Beatriz Córdova y José Incio, 2013

Hace un par de semanas –cuando todos fuimos enterados- el Presidente de la Cámara de Diputados, Lic. Abel Martínez, anunció la eliminación del Fondo de Gestión Social, mejor conocido como el «barrilito». Fue una decisión que prácticamente contó con el respaldo de la mayor parte de la opinión pública. Sin embargo, en un aparente ataque de institucionalidad, la Comisión Bicameral que estudia el proyecto de presupuesto sorprendió a esa misma opinión pública con la decisión de devolver al pleno de la Cámara de Diputados la reconsideración o aprobación de la medida que había adoptado su Presidente. Es obvio que en el fondo –y en la forma- lo que se persigue es que la practica clientelar sustentada en la denominación de Gestión Social se mantenga, pues su eliminación pondría en apuros a programas similares en la Cámara Alta, entre otros motivos. De someter la medida a la aprobación del pleno de la Cámara de Diputados, el Lic. Martínez se jugaría una carta que podría dejarlo mal parado como Presidente de esa Cámara, aunque contaría con el apoyo de quienes desde fuera entienden que el barrilito es en sí mismo una aberración institucional.

La explicación que algunos diputados han dado es que en las comunidades que ellos representan los niveles de pobreza son tan altos que constantemente tienen que brindar ayuda económica para solucionar necesidades cotidianas, desde una receta médica hasta cubrir los gastos –totales o parciales- de un funeral. No hay dudas de que se trata de una realidad social que debe conmover al más indiferente de los ciudadanos. El problema con esta explicación es que en la Constitución vigente no se le otorga al Congreso Nacional la atribución de implementar una política social, pues otros órganos del Estado tienen esa responsabilidad. Asimismo, se argumenta que esos recursos están presupuestados en el Fondo de Gestión Social, como si se tratara de que su uso fuera obligatorio. Sin embargo, el hecho de que los recursos del barrilito estén contemplados en la ley de presupuesto no obliga a la Cámara de Diputados a disponer de ellos.

En realidad, el barrilito es un reflejo de las debilidades institucionales que padecemos y de lo difícil que resulta hacer los correctivos de lugar, a pesar de lo obvio que pudieran parecer. Pero detrás de la resistencia a poner fin a esa práctica hay una lógica económica y política. No dudamos que haya legisladores que utilizan esos recursos correctamente. Ahora bien, mayores recursos económicos con fines sociales puestos en manos de legisladores con vocación de reelegirse les dan una ventaja extra contra quienes –aun de su mismo partido- tienen la intención de disputarles las candidaturas. A esa ventaja extra del incumbente hay que agregar que al ostentar su cargo tienen una exposición mediática que reduce sus costos de campaña. Esto se convierte en una barrera –en ocasiones insalvable- para quienes aspiran a la misma posición; y por tanto, en una limitación artificial del ejercicio democrático a lo interno de los partidos o en la competencia inter partidaria. Dadas esas ventajas es cuesta arriba asumir que los propios beneficiarios vayan a renunciar espontáneamente a un barrilito que desnivela a su favor el campo de batalla electoral.

La solidaridad social de los legisladores puede encontrar un mejor medio de implementación: sus propios partidos. Cada partido con representación congresual recibe –probablemente en contra de la voluntad de los electores- fondos millonarios que bien podrían ser parcialmente utilizados para cubrir las urgencias sociales de las comunidades. Esto tendría la ventaja de que los beneficios de imagen política se distribuirían entre todos los miembros del Partido y no particularmente sobre un incumbente. De todas maneras, el barrilito es solo una dimensión de las tantas que tiene el acceso a los recursos con fines politiqueros.

En última instancia, el barrilito es un serio cuestionamiento a la eficacia de la política social a la hora de dar respuestas a las urgencias de los más necesitados, de acuerdo con el cuadro social que pintan los legisladores que defienden la práctica de ejercer la caridad con fondos públicos. Mientras tanto, solo queda por conocerse el desenlace: ¿Podrá el Presidente de la Cámara de Diputados validar su decisión ante el pleno de sus colegas?

Pedro Silverio Alvarez