Complicidad y migración haitiana

Uno de los episodios más representativos y polémicos del transcurso de la migración haitiana fue la aguda controversia protagonizada entre los gobiernos de Aristide y Joaquín Balaguer en 1991.

Tanto el desarrollo como la culminación de las tensiones originadas en ese año son aspectos que deben ser examinados periódicamente ya que ofrecen claves fundamentales para una comprensión integra sobre el manejo político dado a la temática migratoria haitiana en el presente.

La disputa se remonta a 1979 con la publicación de un informe de la Sociedad Anti-Esclavista de Londres denunciando la explotación de los trabajadores migrantes haitianos en los ingenios azucareros dominicanos. Este reporte inauguró una fuerte campaña de denuncia internacional la cual era vista con gran apatía e indiferencia por las distintas administraciones dominicanas.

Esta situación tomó un giro significativo en 1989, cuando la organización Human Rights Watch, a través de su programa Americas Watch, le solicitó al gobierno de Estados Unidos declarar República Dominicana inelegible para recibir los beneficios del Sistema Generalizado de Preferencias (Generalized System of Preferences) y de la Caribbean Basin Initiative debido: “al alegado fracaso del gobierno dominicano de proporcionar protección de los derechos laborales a los braceros haitianos empleados por el CEA de manera temporal.” La solicitud fue aceptada postergándose la decisión para abril de 1991.

La reacción de Balaguer fue emitir el decreto 417-90 cuyo propósito enunciaba el mejoramiento de las condiciones de vida en los bateyes. Más sorprendente aún fue como Balaguer invitó al país a varios observadores internacionales para supervisar y emitir una opinión sobre los trabajos que el gobierno realizaría en los bateyes.

En su reporte sobre su visita de febrero de 1991, Americas Watch puntualizó que las medidas: “pudiesen tener un trasfondo que pudiera llevar a un mejoramiento de las condiciones de los trabajadores en República Dominicana aunque no eliminaría la dependencia dominicana en trabajo forzado”.

Fue bajo este ambiente de excepcional apertura y tensión que ascendió a la presidencia haitiana Jean Bertrand Aristide en febrero de 1991. De inmediato, cualquier expectativa de colaboración se desvaneció prontamente debido a que este no solo no tomó partida en las iniciativas del gobierno Dominicano, sino que ratificó la visión, a través de alocuciones difundidas a nivel internacional, que los haitianos estaban sometidos a esclavitud en República Dominicana.

Algo notorio fue que las declaraciones del gobernante haitiano se recrudecían aún si el Subcomité de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos había admitido que: “la República Dominicana estaba dando pasos para otorgar a los trabajadores migrantes los derechos reconocidos internacionalmente.”

Lo central es notar como la situación generada demuestra el grado de complicidad de las autoridades dominicanas las cuales, debido a su indolencia habitual con el tema, se veían forzadas a reaccionar de manera apresurada frente a una situación que debió haber sido afrontada desde hacía tiempo. Ni hablar de la manera en que diferentes estamentos gubernamentales estigmatizaban sin ambages al migrante haitiano pero manteniendo el status quo y sin promover ninguna política coherente en ese sentido.

Este juego de complicidad se presentó en Haití en la forma en que Aristide apostó enteramente a una condena internacional a la República Dominicana, sin comprometer la responsabilidad del gobierno haitiano en retener su población o bien enmascarando el hecho que hasta el día de hoy, ninguna administración haitiana, incluyendo la suya, se ha preocupado en tomar alguna iniciativa que pudiese contribuir a mejorar el nivel de vida de sus emigrantes.

El gobierno Dominicano trataba y logró evitar una condena internacional, mientras que la administración haitiana pretendía lavarse las manos de la gran confabulación que habían tenido sus estamentos burocráticos en favorecer la explotación de trabajadores haitianos en el este de la isla. Bastaría recordar como el tráfico de braseros haitianos constituía una importante fuente de liquidez para todos los gobiernos haitianos, la cual era protegida a toda costa aun si involucraba la utilización de Ton Ton Macoutes, enviados por Baby Doc, para acallar protestas en los ingenios del este durante el gobierno de Antonio Guzmán.

La crisis tuvo como desenlace la emisión de Balaguer del decreto 233-91 que implicó la deportación de alrededor 50,000 haitianos de todas las edades, y el golpe de estado a Aristide que facilitó el regreso de un gran porcentaje de los deportados.

Insistimos que el examen de este episodio desenmascara el hecho que todo intento de ignorar el tema migratorio haitiano trae consigo el riesgo de una confrontación similar con el vecino país, o bien el surgimiento de una situación que pudiese conllevar una sanción contra República Dominicana. Esperemos que las autoridades dominicanas se mantengan fuera de la improvisación y mantengan el tema en la prioridad que este urge y necesita.

Diario Libre