Compartir
Secciones
Podcasts
Última Hora
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Crucigrama
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Versión Impresa
versión impresa
Redes Sociales
opinion

Soberanía dominicana, innegociable

Expandir imagen
Soberanía dominicana, innegociable

Al margen de las consideraciones que se pudieran citar sobre el derecho internacional acerca de la resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CorteIDH)-República Dominicana, con la que se busca imponer la Constitución y las leyes migratorias al país desde un enfoque inusual, la decisión desborda un principio cardinal que rige a todos los países: la soberanía de los Estados para determinar quiénes son sus nacionales, consagrado en el Convenio de La Haya de 1930.

Como bien refirió el expresidente Leonel Fernández en su comparecencia en la Cátedra de las Américas de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y en presencia de las máximas autoridades del organismo regional, encabezadas por don José Miguel Insulza, República Dominicana, primero, no ha renunciado a su derecho soberano a legislar en materia migratoria y, segundo, es al Tribunal Constitucional dominicano, al que orresponde fijar la última palabra en materia de constitucionalidad.

Si el propio Derecho Internacional Público establece desde hace casi 100 años que el otorgamiento de la nacionalidad ha sido reconocido como parte del dominio reservado o competencia del Estado, ¿qué lleva a la CorteIDH a empecinarse en cuestionar la soberanía nacional dominicana? ¿Qué situación impera en esa Corte que la empuja a chocar con países miembros donde funciona el estado de derecho con apego al respeto de los derechos de las personas?

No corresponde a otras razones que las expuestas por el doctor Fernández en la magistral intervención ante el foro de la OEA en el que no sólo demostró su condición de estadista con dominio del tema en cuestión, sino del respeto que le dispensan, demostrado cuando al concluir sus palabras fue objeto de una ovación, puesta de pie la concurrencia.

Luego de defender las distintas legislaciones adoptadas por las instancias dominicanas competentes en materia de derechos humanos y migración, pasando por el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Migratoria Irregular, así como tomando en consideración el derecho internacional público, Fernández hizo un recuento histórico de la fundación de la OEA en la ciudad de Bogotá, en 1948, cuyo fundamento original se basa “en la definición clásica de soberanía e igualdad de derechos de los Estados”, mismo que rige para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como indicara Fernández.

Uno de los puntos nodales que explica el rol de la propia existencia de la OEA fue abordado por el exmandatario, al recordarle a la audiencia que “uno de los primeros retos enfrentado por la OEA como órgano de solución de controversias, surgió inmediatamente luego de su conformación”. Se refería a la disputa fronteriza entre Nicaragua y Costa Rica, que con la moderación de la OEA se puso fin con la creación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

Reconoció cómo la OEA, bajo el influjo de la Guerra Fría, y post Segunda Guerra Mundial, jugó un rol protagónico en la construcción de la Democracia en América Latina, pero aclaró que ese esfuerzo también se vio, en muchos casos, impedido de materializarse por la consecución de golpes de Estado en países de la región.

Fernández citó varios de ellos, entre los cuales destacó el perpetrado contra el profesor Juan Bosch, en 1963, que devino en una revuelta militar y civil interna, y la segunda ocupación norteamericana unilateral de 1965, que luego se trató de maquillar con una acción de carácter multilateral a través de la propia OEA. Cabe la pregunta de si estamos los dominicanos en condiciones de aceptar otra intromisión de la OEA más sofisticada. La mayoría, empezando por el gobierno, entiende que no.

Las acciones de la OEA en el continente, expuso Fernández, han tenido luces y sombras. Por un lado, es un mecanismo legítimo de afirmación de la democracia, del estado de derecho, defensor de los derechos individuales de las personas, con el deber de proteger la soberanía de los países miembros. Sin embargo, no todo su accionar ha estado apegado a esos principios y valores democráticos, pues como recordara el doctor Fernández el organismo regional ha tenido falencias que le han llevado a una pérdida de la confianza.

Tras hacer referencia a cada uno de los casos ocurridos en el continente en los cuales la OEA ha tenido dificultad para mediar en conflictos regionales, pasando por el ocurrido tan cerca nuestro como en Centroamérica y Haití, y más lejanos aún como en Sudamérica, ante el conflicto de las Malvinas. ¿Pudo la OEA actuar con severidad en el golpe de Estado a Manuel Zelaya en Honduras? Pudo hacer poco.

Ante esa realidad, Fernández urgió la necesidad de una reformulación de la Comisión y la Corte Interamericana, para hacer frente a las debilidades internas, que se reflejan en las inconsistencias y ambigüedades en algunas de las decisiones de la OEA.

A pesar del cambio de agenda producto de la precipitación del bloque socialista y la consiguiente renovación del enfoque estratégico de la OEA, en lo atinente a la promoción de la democracia, los derechos humanos, la lucha contra las drogas, la salvaguarda a los derechos ciudadanos y el combate contra el terrorismo, la OEA debe enfrentar el desafío referido por Fernández en relación al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y “la participación de los Estados dentro de sus mecanismos institucionales”.

La Constitución dominicana, en ese orden, establece claramente quiénes son dominicanos, mientras las leyes migratorias adoptadas desde 1929 hasta la fecha, cuidan de que ningún extranjero pueda ser discriminado, para lo cual se han tomado las medidas a los fines de prevenir, evitar y reducir la apatridia.

La CorteIDH no tiene razón al señalarnos como país al margen de los acuerdos internacionales, pues se ha creado el Libro de Extranjería para que todo niño o niña nacido en el territorio de padres no residentes legales, puedan ser inscritos y protegidos para que adopten una nacionalidad diferente a la dominicana, tal como establece la Convención Americana de Derechos Humanos. Así las cosas, las decisiones asumidas en el país para proteger los derechos de los extranjeros están por encima de las exigencias internacionales, tal como indicara el expresidente Leonel Fernández.

A pesar de otros criterios que rigen en países de la región relativos al otorgamiento de la nacionalidad a los nacidos en sus territorios, que son diferentes al nuestro, esas naciones tampoco aceptan que se les cuestione sobre el derecho que tienen sobre el tipo de Constitución y leyes que deben adoptar. República Dominicana tampoco.