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Desalojos y legalidad

El Estado dominicano tiene la obligación de garantizar el derecho de propiedad, y de proteger a los propietarios de una parcela que sea ocupada ilegalmente. Por supuesto, debe hacerlo de manera comedida.

Pero no siempre es posible hacerlo de esa manera, porque en muchos casos los ocupantes ilegales no entienden la voz de la razón. Por eso, en tantas lamentables ocasiones, ocurren heridos, lesionados y hasta muertes que bien se pudieron evitar.

El Estado no puede rehuir su responsabilidad de contribuir a paliar el déficit poblacional, pero nunca permitiendo que constructores ocupen terrenos que no son propios. Además, se sabe de mafias bien organizadas que se encargan de ubicar terrenos y promover las ocupaciones ilegales. En ocasiones se ha denunciado que militares y policías forman parte de estas bandas armadas.

Un país no puede desarrollarse en base a la ilegalidad, ni se puede permitir que se imponga la ley del más fuerte. La falta de planificación urbana no puede ser sustituida por ocupaciones ilegales.