Compartir
Secciones
Podcasts
Última Hora
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Crucigrama
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Versión Impresa
versión impresa
Redes Sociales
opinion

Desigualdad, indigencia y la CEPAL

“En este contexto, la tasa de pobreza de América Latina en 2013 fue de un 28,1% de la población, en tanto que la indigencia, o pobreza extrema, alcanzó el 11,7%. Estos porcentajes equivalen a 165 millones de personas en situación de pobreza, de los cuales 69 millones son personas en situación de pobreza extrema. Estos valores dan cuenta de que la tasa de pobreza se mantuvo sin diferencias significativas con respecto a los niveles observados en 2012 (28.1%).” CEPAL, 2015

América Latina sigue haciendo –en general- pocos avances en la lucha contra la pobreza. Una vez más, en su reciente informe, la CEPAL vuelve a poner el dedo sobre la llaga: más de 165 millones de latinoamericanos no pueden cubrir sus necesidades básicas. Es un problema que se agrava en la medida que las economías no pueden generar un crecimiento vigoroso que permita una saludable generación de empleos. Lo sorprendente del informe es, sin embargo, que el país en donde mayor crecimiento económico promedio se ha verificado, en combinación con las menores tasas de inflación, parece ser el país con los menores avances sociales. Es el lamentable caso de la República Dominicana. Y resulta incomprensible que en este contexto, nuestro país sea el único de la muestra que alcanza un 20% de indigencia o pobreza extrema, seguido muy de cerca de Paraguay. En contraste, Uruguay (0.9%), Chile (2.5%) y Perú (4.7%) se encuentran entre los mejores posicionados. En promedio, tenemos dos veces más pobreza extrema que el resto de los países incluidos en la muestra.

La pregunta obligada es cómo se genera tal realidad cuando el gobierno dispone de una activa política social que está supuesta a reducir considerablemente los altos niveles de pobreza que tradicionalmente hemos tenido. Es una cuestión compleja, pero podemos pensar en un ‘modelo económico’ que fomenta la pobreza, pues no genera las oportunidades de empleos para que los ciudadanos tomen control económico de sus propias vidas –especialmente, los más jóvenes y las mujeres-, tal como destaca este informe de la CEPAL. Ante una realidad como esta, la política social se vuelve inefectiva: por un lado, saca a grupos importantes de la pobreza, mientras que por el otro lado, la realidad económica empuja a nuevos grupos hacia la pobreza. Parecería un juego suma-cero. Los pobres solo cambian de nombres.

Pero, se ha argumentado que el problema de la pobreza se debe a los bajos salarios reales. Se explica que el incremento de los salarios implicaría un aumento de la demanda agregada en la economía, lo que, a su vez, se traduciría en mayores ventas de bienes y servicios para los sectores comercial y empresarial. Realmente, es ‘inexplicable’ que los empresarios no hayan descubierto lo beneficioso de ese planteamiento. Si es tan obvio –para muchos- lo virtuoso del aumento salarial para corregir la pobreza, lo que procedería es que el gobierno –mediante decreto- duplicara el salario de los trabajadores. Y de esa forma, se produciría una reducción milagrosa de la pobreza. Todos sabemos, empero, que se trata de una falacia. De la misma manera que no se puede imprimir dinero para regalárselo a los pobres. Un aumento desproporcionado de los salarios se traduciría en más desempleo y más pobreza. En los dos últimos años, la inflación acumulada ha sido aproximadamente de 5.5%; si a esta inflación le agregamos un 4% por productividad laboral, pudiésemos decir que un ajuste salarial del 10% pudiera tener un impacto neutro sobre el empleo y la pobreza. Al final la decisión es si queremos más empleos o más pobreza.

Sin dudas, el mercado laboral es clave en la lucha contra la pobreza; sobre todo, para un país como el nuestro que comparte la frontera con uno de los países más pobres del mundo, y en donde el sistema político e institucional ha colapsado sin posibilidades de que en el mediano plazo pueda reconstruirse un orden mínimo que garantice oportunidades económicas y de convivencia para el pueblo haitiano. La masiva inmigración procedente de Haití es un factor de contrapeso a nuestra lucha interna para erradicar la pobreza, tanto desde el punto de vista del mercado laboral –presión hacia la baja de los salarios- como de los esfuerzos en materia de política social. Es una realidad que supera por mucho la capacidad del Estado Dominicano.

Aún con todas estas restricciones, es posible avanzar en la construcción de una sociedad con menores niveles de pobreza; siempre y cuando las políticas públicas mejoren el acceso de los pobres a una educación de calidad, a servicios de salud eficientes, al agua potable y electricidad, entre otros. Todo esto, reconociendo que no es posible triunfar en la lucha contra la pobreza sin un sector empresarial fuerte y comprometido con las inversiones que el país necesita. El gobierno tiene la obligación de crear las condiciones para que eso sea posible.