El transporte

Hace pocos días estuve en un coloquio que periódicamente celebra un pequeño grupo de amigos e intelectuales. Allí, entre otros, se trató el tema del comunicado que el CONEP publicó sobre el problema del transporte.

La conclusión a que llegó el grupo tuvo dos vertientes.

La primera, estar de acuerdo con la apreciación de que es urgente buscar soluciones tanto al desorden e ineficiencia del transporte de pasajeros en las grandes ciudades, como al cuasi monopolio del transporte de carga que encarece el costo de movilización de las mercancías.

Se trata de un problema viejo, que se siente, causa molestias y perturbaciones sociales y económicas.

En el grupo prevaleció la idea de que lo fundamental es ordenar e introducir disciplina, en por lo menos igual, o si cabe, en mayor medida que invertir en infraestructura vial.

No obstante, se ponderó el hecho de que los gobiernos suelen optar por la inversión en infraestructura vial a la par que temen a la adopción de decisiones que ordenen y disciplinen el transporte por temor al llamado “costo político” de chocar con los intereses de los empresarios organizados en sindicatos que paralizan el tránsito, queman gomas, y reaccionan con violencia.

Según este modo de ver las cosas, los gobiernos perciben como marginal el daño de no actuar, y quedarse prácticamente de manos cruzadas, para evitar que la población de menores recursos esté sometida al suplicio de tener que esperar cada día, para poder arribar a su trabajo, la llegada de vehículos de pasajeros destartalados, cuyo costo del servicio representa casi el 20% del presupuesto familiar mensual.

Y también perciben de igual manera el perjuicio que causa el taponamiento casi constante de la circulación, así como la pérdida de tiempo y de combustible que padecen cada día miles de conductores atrapados por la telaraña del tráfico de las grandes ciudades.

De la misma manera, siempre de acuerdo a ese modo de pensar, también resulta marginal el malestar causado por el incremento en el precio de las mercancías, que se origina en la existencia de prácticas monopólicas en el transporte de carga.

Siendo así, no deja de ser un enigma que la población hubiera permitido, por falta contundente de reacción, que la clase gobernante llegara a la conclusión de que el costo político de actuar (resolver), medido por la eventual represalia de los empresarios-sindicatos, sea mayor que el asociado a no actuar (no resolver), a pesar de que la inacción causa grandes penurias a una población castigada por la existencia de un sistema de transporte deficiente y caro, y la formación cotidiana de largos y mortificantes tapones en el tráfico.

La segunda vertiente de las conclusiones del grupo consistió, y esto es un corolario de lo anterior, en expresar la convicción de que a pesar de la urgencia y de la incontrastable necesidad de solucionar el problema del transporte, el gobierno no propiciará ni aplicará soluciones de fondo, drásticas, efectivas.

Y, ¿qué razones se alegan? Que faltan menos de dos años para las elecciones y, en consecuencia, el costo político de actuar sería muy alto para la actual administración. Y la nueva tampoco lo haría porque desgastaría sus fuerzas en el comienzo de su gestión. Por tanto, la sociedad dominicana está condenada a perpetuar el estatus quo.

Esta puede que sea una versión renovada del pesimismo de nuestros intelectuales, que retrata la falta de confianza en la clase gobernante como ente de cambio, pero también pone de manifiesto la esterilidad de la elite intelectual. En efecto, si la elite intelectual se muestra derrotada de antemano, no puede esperarse que se desarrolle un liderazgo que encamine a la sociedad hacia cotas más altas, que deje de lado la mediocridad y los paños tibios.

A pesar de lo dicho, no es descartable que algún día, alguien con la aspiración de convertirse en líder, pudiera encontrar, por el lado de la falta de soluciones reales a los grandes problemas, un filón político de envergadura como tema de campaña electoral, en cuyo caso los paradigmas comenzarían a modificarse.

Claro está que constituiría un motivo de reconocimiento colectivo, que las autoridades mostraran con hechos concretos su determinación de resolver el problema del transporte con medidas de fondo y gran calado, que lo ordenaran y disciplinaran, en adición a las obras de infraestructura, muy necesarias, que son un complemento lógico y sirven de apoyo a las primeras.

La discusión derivó posteriormente hacia la búsqueda de eventuales motivaciones del sector empresarial para lanzar el mencionado comunicado, puesto que si se da por sabido que la democracia disfuncional dominicana no resuelve nada importante, la pregunta obligada es qué buscan entonces los empresarios al lanzar ese comunicado.

Tal vez sea una buena noticia que los empresarios busquen soluciones a los problemas de todos, pues significa creer en que es posible lograrlo.

Eduardo García Michel