Hay que ordenar la casa

Siendo parte de su historia, a los dominicanos les encanta hablar de los parientes que vinieron de otras tierras. Y de aquellos que en otras tierras residen.

Como emigrante, el dominicano es osado. Para él no existen trabajos duros, lugares lejanos, fronteras impenetrables o nacionalidades inalcanzables. A donde llega, marca su territorio, vive a “la dominicana”, defiende a los suyos, hace protestas, y se levanta cuando le matan a Lucrecia. Que conquistar la tercera parte de la Isla de Manhattan no fue hazaña de timoratos.

Los políticos dominicanos, muchos de los cuales han vivido en el exterior, son igualmente osados. Sin importarles el qué dirán, cabildean a favor de los suyos; participan en procesos electorales donde un dominicano es candidato; hacen proselitismo, recaudan recursos, crean comités y celebran convenciones en el exterior como si fuera en su patio; promueven la doble nacionalidad; y hasta tienen legisladores de ultramar.

Sin embargo, el dominicano enfrenta ahora una situación migratoria muy compleja. Con 20 millones de habitantes en 76,000 kilómetros cuadrados, La Española aloja la mitad de la población y la mayoría de los pobres del Caribe Insular. Temiendo al desmadre migratorio, para proteger su estabilidad y desarrollo, muchos países procuran mantener los habitantes de La Espanola dentro de su propia isla.

Dentro de La Española, Dominicana tiene un mayor desarrollo político y social y seis veces el ingreso per cápita de Haití. Sin otros destinos posibles, ni un mar Caribe que los ataje, aquella disparidad enrumba a miles de haitianos hacia el Este.

Sólo que, con diez millones de habitantes en cada lado de la frontera, para proteger su estabilidad y desarrollo, Dominicana, que es un país de emigrantes, se siente compelida a regular los flujos migratorios. Y cunde el pánico.

Necesario es entender que las presiones migratorias generadas por el atraso económico, político y social de Haití son potencializadas por la demanda de indocumentados que la economía dominicana necesita para sostener su política de bajos salarios.

En efecto, el Trujillo genocida, fue el mismo que negoció con el gobierno haitiano la contratación de braceros. Gobierno y empresas pudieron ordenar la inmigración. Pero prefirieron el indocumentado, el sin derechos, el dispuesto a trabajar en condiciones tan precarias que aun el dominicano más pobre rechazaba.

Liquidada la tiranía, se pudo ordenar la inmigración. Pero gobiernos y empresas continuaron trayendo indocumentados, y acumulando pasivos políticos, económicos y sociales que ahora la sociedad debe pagar. Hasta que, abandonada la frontera, no hubo que traerlos más, pues ellos cruzan por su cuenta.

El número de visas otorgadas y de extranjeros últimamente detenidas por el CESFRONT, hablan de una entrada de inmigrantes que asusta. Y a ojos vista, como si fuera legal y patriótico, con indocumentados se siembra y cosecha caña, café, arroz, guineo, aguacate, mango y se operan hatos; se construyen edificios y viviendas privadas; se mantienen y protegen colegios, clínicas y condominios; y se sirve al turista.

Con ellos, el Estado y sus contratistas construyen carreteras, fortalezas, cuarteles, hospitales, líneas del metro, corredores urbanos, escuelas y viviendas. Y dirigentes políticos, altos funcionarios, militares, legisladores, jueces y fiscales realizan docenas de actividades particulares.

El país tiene el derecho y la responsabilidad de establecer su política migratoria. Pero hay que estar claros. Los funcionarios que venden visas y facilitan el cruce; las empresas, entidades públicas y ciudadanos que crean el mercado de ilegales; y las autoridades que pasan por alto esos ilícitos, son de aquí.

Ellos conocen los costos políticos, económicos y sociales que transfieren a la sociedad. Conocen las vulnerabilidades de una nación donde los salarios son tan bajos que la competitividad de sectores económicos claves depende del trabajo de indocumentados. Y saben que legal o ilegal, inmigración y nacionalización van de la mano.

Así las cosas, para evitar que el proceso actual no se convierta en un entra y sale, hay que armarse de valor para ordenar la casa. Ello implica, controlar fronteras y consulados, perseguir mafias, destituir funcionarios públicos envueltos en ilícitos migratorios, penalizar severamente la contratación de ilegales, regularizar indocumentados y deportar. Implica también superar los salarios de miseria que van expulsando a los dominicanos del mercado de trabajo formal.

Diario Libre