Resarcir productores
Gustavo Volmar
El monto de las pérdidas depende de quién da las cifras. Los exportadores hablan de que pueden llegar a US$300 millones, pero Industria y Comercio las sitúa en unos 60 millones.
Como quiera que sea, vayan a ser 60 millones o 300 millones, u otra cifra entre esas dos, son suficientes millones como para llevar a muchos productores a la quiebra.
La situación por la que atraviesan los productores afectados por la prohibición establecida por los EE.UU. a la entrada de algunos frutos y vegetales dominicanos, pone de relieve la fragilidad de sus operaciones.
Un evento imprevisto, completamente ajeno a su ámbito de influencia, les ha trastornado su esquema de negocios. No son responsables por la llegada al país de la mosca del Mediterráneo, pero están sufriendo las consecuencias.
Es un caso evidente de daños económicos por causas externas que amerita que esos productores sean resarcidos. Si pudiera determinarse quién o qué sector ha sido el responsable, cabría la posibilidad de requerirle una compensación.
De no ser así, si se trata de un episodio del que nadie es culpable, similar al paso de un huracán o la incidencia de un terremoto, quedan los seguros, si los hubiera, o la intervención del Estado.
Dado el caso que nos ocupa, será al Estado dominicano al que tocará compensar a los productores por las pérdidas que éstos sufran. Darles créditos no es la solución, pues endeudarlos más, ahora sólo serviría para posponer el problema.
Tampoco sería atinado que dejaran de pagar sus deudas con el Banco Agrícola u otros organismos, pues los compromisos adquiridos deben ser cumplidos, a fin de no repetir las mismas historias que en el pasado descapitalizaron instituciones y debilitaron la estructura de financiamiento al sector agropecuario.
La ayuda deberá ser ofrecida como tal, sin eufemismos, con el propósito de responder ante un evento que los controles fitosanitarios del propio Estado estaban llamados a prevenir.
gvolmar@diariolibre.com
Como quiera que sea, vayan a ser 60 millones o 300 millones, u otra cifra entre esas dos, son suficientes millones como para llevar a muchos productores a la quiebra.
La situación por la que atraviesan los productores afectados por la prohibición establecida por los EE.UU. a la entrada de algunos frutos y vegetales dominicanos, pone de relieve la fragilidad de sus operaciones.
Un evento imprevisto, completamente ajeno a su ámbito de influencia, les ha trastornado su esquema de negocios. No son responsables por la llegada al país de la mosca del Mediterráneo, pero están sufriendo las consecuencias.
Es un caso evidente de daños económicos por causas externas que amerita que esos productores sean resarcidos. Si pudiera determinarse quién o qué sector ha sido el responsable, cabría la posibilidad de requerirle una compensación.
De no ser así, si se trata de un episodio del que nadie es culpable, similar al paso de un huracán o la incidencia de un terremoto, quedan los seguros, si los hubiera, o la intervención del Estado.
Dado el caso que nos ocupa, será al Estado dominicano al que tocará compensar a los productores por las pérdidas que éstos sufran. Darles créditos no es la solución, pues endeudarlos más, ahora sólo serviría para posponer el problema.
Tampoco sería atinado que dejaran de pagar sus deudas con el Banco Agrícola u otros organismos, pues los compromisos adquiridos deben ser cumplidos, a fin de no repetir las mismas historias que en el pasado descapitalizaron instituciones y debilitaron la estructura de financiamiento al sector agropecuario.
La ayuda deberá ser ofrecida como tal, sin eufemismos, con el propósito de responder ante un evento que los controles fitosanitarios del propio Estado estaban llamados a prevenir.
gvolmar@diariolibre.com
Gustavo Volmar
Continuar con Google