Será delito contratar a trabajadores indocumentados

Parecía que todo quedaría como suele quedarse: en equilibrio controlado por la inercia, dominado por la ley de no hacer nada. Inamovible, al igual que el contenido de la sepultura, que guarda paz eterna.

Pero no, esta vez no. Las cosas apuntan a que serán distintas. Pese al terror impuesto por la santa inquisición, Galileo podrá volver a pronunciar su testaruda afirmación de que la Tierra se mueve.

La noticia surgió cuando nadie la esperaba. Está causando conmoción, y tiende a convertirse en uno de los bombazos de las últimas décadas.

Dice así: “La policía podrá confiscar los salarios percibidos por los trabajadores sin papeles. Esto forma parte de una ofensiva legislativa anunciada con el principal objetivo de hacer al país menos atractivo para la inmigración ilegal.”

Fuentes oficiales no dudaron en informar que “trabajar indocumentado o dar empleo a quienes antes no hayan regularizado su situación constituirá un delito”.

El gobierno promete ahora “una actitud más dura y más justa” ante la inmigración ilegal, “que puede perjudicar nuestro mercado laboral y reducir los sueldos”.

La nota de prensa añade que “el paquete de medidas que se presentará oficialmente el próximo miércoles, tiene su punto más destacado en la amenaza de procesar a los trabajadores indocumentados y a las empresas que los contraten. “Todos aquellos involucrados en el empleo ilegal estarán violando la ley”.

Así es, como usted lo lee. Pero, despierte. Esto acaba de suceder en el Reino Unido, Inglaterra. Allá no se andan con chiquitas, cuando de defender los intereses de los británicos se trata.

Será delito contratar inmigrantes indocumentados. Y eso, allá, implicará cárcel y multa pecuniaria gruesa a las empresas, instituciones o personas que los contrataren. Y a los propios inmigrantes. El argumento es que la inmigración ilegal perjudica al mercado laboral, quita oportunidades y reduce los sueldos de los británicos.

En este caso nadie reclama que se trata de una acción discriminatoria, de contenido racial; a pesar de que esos inmigrantes indocumentados en su inmensa mayoría son negros y mulatos africanos, e indios y amarillos que provienen de diferentes partes del mundo.

La lógica de los países desarrollados es contundente: por encima de todo están sus intereses vitales y el bienestar de su gente. No les importa el que dirán, ni lo que opinen otros países ni organismos internacionales. Es un asunto de soberanía, que en el caso de ellos se aplica; en el de otros, no.

Mientras tanto, en la República Dominicana vive más de millón y medio de haitianos ilegales, quizás dos millones, incorporados masivamente en la construcción, agropecuaria, obras públicas y servicios diversos.

Tanto las autoridades como los sindicatos y los empresarios se desentienden del problema, cada uno armado con sus propias motivaciones, llenos de temores de que pudieran señalarlos como racistas, o calificativos semejantes.

El gobierno tiende a manejar el problema como un asunto diplomático en el que, en vez de defender ardientemente el interés nacional, se procura quedar bien con organismos internacionales y gobiernos extranjeros. Con ese proceder, millones de dominicanos se ven perjudicados.

Los sindicatos, que dicen representar a la clase trabajadora, se hacen de la vista gorda acerca de la mano de obra dominicana que ha estado siendo sustituida por extranjeros indocumentados. Se desgañitan reclamando un incremento de salarios para el sector formal, mientras se hacen los chivos locos con respecto a la disminución de los salarios reales que provoca esa inmigración masiva. ¡Qué contradicción!

Y los empresarios aprovechan la circunstancia para pagar menos salarios, y compensar los rigores de políticas económicas vigentes que les quitan competitividad, en vez de ser más exigentes y radicales para que se cambien esas políticas, sin pensar en el futuro, tal vez lúgubre, que aguarda si no se reacciona.

La inmigración masiva haitiana indocumentada es dañina a los intereses de la nación dominicana por varias razones.

Está integrada por una masa laboral sin calificación, que constituye un obstáculo a la tecnificación y modernización productiva, cuando lo que se requiere son más recursos humanos de alta calificación. Este país necesita desarrollarse, no profundizar su subdesarrollo importando más atraso y miseria.

Al ser tan masiva, reduce los salarios reales, y desplaza del mercado laboral a cientos de miles de dominicanos, y los deja sin protección social; además, expulsa dominicanos del territorio nacional, al no encontrar oportunidades de trabajo dignas.

Utiliza servicios públicos vitales y escasos.

Somete a la República Dominicana a un proceso de desnacionalización y pérdida de su perfil cultural.

Llega sin que nadie la autorice ni la consienta, a un terruño que no le pertenece, socavando el principio de autoridad y soberanía.

Este país necesita con urgencia ser sometido a un tratamiento intensivo en base a píldoras de coherencia, junto a bidones de orgullo nacional, sin extremismos, pero sin debilidades tan lamentables.

Eduardo García Michel