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El gobierno de las palabras

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El gobierno de las palabras

Nuestro país vive una desconcertante escasez de puntos de orientación sólidos y confiables, y de guías fidedignas. La verdad se ha salido del camino. Los que hoy ostentan el poder político también quieren adueñarse del poder de la palabra. Nunca como ahora, gobierno alguno había hablado tanto de sí mismo, sometiendo al pueblo a una propaganda inusual que compite con la de cualquier producto de consumo masivo. Costales de consignas trasnochadas con las que, más que a otros, buscan convencerse ellos mismos.

El gobierno de turno y las instituciones públicas someten a diario a los ciudadanos a una costosa y derrochadora lluvia mediática anunciando logros que sólo ellos ven, constancia palpable del dispendio de los recursos públicos y de la manipulación que pinta una realidad social que no parece ser lo que es. Estas acciones tienen la pretensión de constituir un gobierno hegemónico de las palabras, y a esto contribuyen los medios de comunicación y los comunicadores complacientes o con gratitudes obligadas.

Cientos de mensajes oficiales retorcidos simplifican y violentan el significado de las palabras que retratan la tragedia política, social y económica a que han sometido al pueblo, dejándolo “sin luz, sin pan y sin agua”. Han encanallado los discursos, cargándolos de interesados silenciamientos morales, sometiendo al pueblo a una larga infancia que, al decir del gobierno y de los “continuistas”, los convierte en indispensables para tutelar la voz y la palabra de los ciudadanos que llaman a una diferencia y a un cambio cargado de justicia y empujado por una participación democrática bien informada, no mediatizada ni manipulada.

Lejos de dejarse silenciar por el gobierno de las palabras de los que ostentan también el gobierno político desmedido y avasallante, el pueblo habrá de organizarse en comunidades activas y visibles para manifestar la necesidad y la urgencia de recuperar y ejercer el gobierno de las palabras como un arma de transformación y de cambio social innegociable. Sin miedo. Sin mediadores parcializados y de corta visión social. Más allá de la manipulación mediática inducida por la distracción y el espectáculo político, habremos de volver la mirada al poder de los ciudadanos para que exijan su derecho a voz y a la palabra. Para desarrollar la capacidad de entender lo que pasa y su capacidad para poder contarlo, cuestionarlo, enjuiciarlo y denunciarlo.

El gobierno de las palabras debe estar en la conciencia de los ciudadanos e impulsar su participación política consciente y reflexionada. Para aprender y expresar libremente aquellas palabras ocultadas por el silencio cómplice del gobierno o del sector privado; para escribir las nuevas palabras que describen la verdadera realidad social, y decir de manera diferente, otras agotadas por su abuso. Para contrarrestar los tediosos monólogos políticos oficialistas mediante debates, deliberaciones ciudadanas, cuestionamientos públicos, exigencia de rendición de cuentas y transparencia, disenso, declaraciones públicas, movilizaciones, apoyo a todos los procesos contra la impunidad, veedurías públicas, asambleas populares, presupuestos participativos y auditorías ciudadanas sobre la calidad de la democracia.

El principal argumento para que los ciudadanos se empoderen del “poder de las palabras” se encuentra en el derecho a la expresión y libertad del pensamiento consignado en la Constitución de la República y de la definición del sistema de gobierno dominicano como democrático contemplado en la misma Constitución. Siendo que la democracia necesita un principio de defensa contra la arbitrariedad del poder y que los ciudadanos tienen derechos morales contra el Estado.

Siendo además que la libre elección de los gobernantes por los gobernados no tendría sentido si éstos no fueran capaces de “expresar demandas, reacciones o protestas formadas en la sociedad civil”. La meta de una democracia es justamente permitir que los individuos y las comunidades puedan expresarse en cuanto razón colectiva. El valor de la discusión pública debe incorporarse en las acciones democráticas, y los defectos de la democracia demandan más democracia, y en ningún caso menos. También el gobierno de las palabras deberá ser democrático.

Para ejercer el gobierno de las palabras los ciudadanos necesitarán explicarse constantemente, dar razones de los abusos del gobierno de las palabras de aquellos que pretenden imponer unas verdades carentes de premisas políticas decentes. Frente al uso monopólico del gobierno de las palabras por parte del oficialismo, es menester recuperar el lenguaje, el “derecho a hablar y a opinar” en su potencialidad emancipadora de la sumisión y de la política de “buenas intenciones” o de interesadas “caridades políticas”.

Conviene tener claro que existe el mal gobierno de las palabras, que encierra complejas tramas manipuladoras, mentiras adornadas, que sustituyen los conceptos cargados de polémica, que se niega a hablar de transparencia, de corrupción y de corruptos. Que hace caso omiso de la ética pública que declara que las buenas instituciones no son posibles sin un discurso diferente que construya valores éticos. Viene al caso lo que expresara el laureado escritor portugués José Saramago: “Las palabras no son inocentes ni inmunes, por eso hay que tener muchísimo cuidado con ellas, porque si no las respetamos, no nos respetamos a nosotros mismos”. ¡Cumplirlas es también cuestión de honor!