Hostilidad y saña

Los numerosos reportajes y artículos que se han publicado en las últimas semanas en periódicos y revistas en el extranjero sobre la cuestión haitiana en la República Dominicana han generado un fuerte rechazo tanto por parte de las autoridades gubernamentales como de amplios sectores de la sociedad dominicana. Hay quienes podrían alegar que los que “están mal” -para usar una expresión corriente- son los dominicanos, pues si existe tanta coincidencia de enfoque en esas publicaciones es porque alguna base o razón tienen para ello. Redefinir los términos del debate internacional sobre esta problemática a fin de situar a la República Dominicana en una mejor perspectiva amerita un ejercicio de desconstrucción discursiva y reposicionamiento de imagen que requerirá un sostenido esfuerzo en el tiempo.

El hilo conductor o patrón compartido de casi todas esas publicaciones es el siguiente: la fecha del fin del plan de regularización de extranjeros indocumentados no era el punto de llegada de una realización positiva por parte del Estado dominicano sino el punto de partida de algo terrible, grotesco y apocalíptico. Esto es, la noticia que se daba como un hecho incontrovertible no era el número de extranjeros indocumentados que entrarían en un proceso de regularización migratoria ni el número de personas cuya condición de dominicanas fue avalada por la Ley 169-14, sino que cientos de miles de personas serían lanzadas, de la noche a la mañana, al otro lado de la frontera. De ahí la invocación repetida a la masacre de 1937 como construcción discursiva de que lo que ocurriría en República Dominicana a partir del 17 de junio sería algo similar en esencia a aquél terrible acontecimiento que tuvo lugar bajo la dictadura de Trujillo. Este articulista no se ha encontrado con ningún reportaje que destaque, por ejemplo, que como resultado del Plan de Regularización alrededor de 288 mil extranjeros indocumentados comenzarían un proceso de regularización migratoria y recibirán la protección del Estado para no ser deportados. Es la primera vez que en República Dominicana se lleva a cabo un proceso de esta naturaleza, a pesar de que tenemos un serio problema migratorio desde hace décadas. Tampoco he encontrado ningún reportaje que ponga de manifiesto que como resultado de la Ley 169-14 alrededor de 55 mil personas que fueron afectadas por la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional han revalidado su condición de dominicanos y han comenzado incluso a declarar a sus descendientes, como ha ocurrido con la propia Juliana Deguis quien, según el presidente de la Junta Central Electoral, declaró a sus cuatro hijos. Es cierto que, lamentablemente, el proceso duró mucho más de lo que debió y que los efectos positivos de la Ley 169-14 debieron comenzar a verse tan pronto entró en vigencia, pero el hecho es que nos encontramos en una situación no solo distinta, sino mejor, a la que nos encontrábamos cuando se produjo la referida sentencia.

Por eso llama tanto la atención que el periodista e historiador portorriqueño Pedro Reina Pérez escribiera en el periódico El País un pasaje como este: “que el Tribunal Supremo de la República Dominicana careciera de mayores luces es una cosa. Que la clase política, y en particular los legisladores, se muestren ciegos y sordos a esta controversia y sus implicaciones es otra muy diferente”.

¿Realmente ha sido así? ¿La Ley 169-14 no es el producto de los órganos de representación política como respuesta a los efectos negativos de la Sentencia 168-13 sobre un determinado grupo de personas?

Por su parte, Santiago Cantón, director del Centro Kennedy por la Justicia y los Derechos Humanos, alega en su ensayo en Americas Quartely que “el argumento cínico” del gobierno es que regularizará el estatus de migrantes indocumentados cuando lo que hará con la Ley 169-14 es convertir en migrantes a dominicanos que ahora tendrán que regularizarse. ¿Ese ha sido realmente el objetivo de esta legislación? El comunicado que publicó recientemente el Comité de Solidaridad con los Desnacionalizados sirve muy bien de respuesta a esta interpretación antojadizamente incorrecta sobre la Ley 169-14. En cualquier caso, se nota una arrogancia moral de parte de estos defensores de los derechos humanos, quienes desde algún café en Georgetown o Dupont Circle, escriben sobre una cuestión tan compleja dejando fuera deliberadamente aspectos cruciales de la realidad.

De su parte, las autoridades haitianas, que muy bien saben lo que ha ocurrido en este país durante el último año y medio en lo que respecta a los esfuerzos para llevar a cabo la regularización migratoria del mayor número de extranjeros indocumentados, han preferido jugar a la demagogia en lugar de actuar con responsabilidad ante las múltiples manifestaciones de compromiso, seriedad y buena fe de parte del Gobierno dominicano en lo que respecta a este proceso. Todavía las autoridades dominicanas no han repatriado al primer indocumentado y el representante permanente de Haití ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), en una manifiesta falta de tacto diplomático, enfrenta al Canciller dominicano con acusaciones falsas y alarmistas, en vez de actuar con prudencia y responsabilidad ante una situación tan delicada como esta. Nadie le pide al Gobierno haitiano que no proteja a sus ciudadanos dondequiera se encuentren, pero otra cosa muy distinta es hacerlo con acusaciones sin base que no hacen más que alimentar innecesariamente la saña que existe contra República Dominicana en muchos círculos de la opinión pública regional y mundial, además de que contribuye a fomentar la tensión y la desconfianza entre los gobiernos de ambos países.

En este contexto tan hostil hacia nuestro país las autoridades gubernamentales tienen un reto político y diplomático enorme, el cual implica: 1) diseminar la información de lo que realmente está ocurriendo en nuestro país en relación a los efectos positivos de la Ley 169-14 y el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros; 2) llevar a cabo las repatriaciones de extranjeros indocumentados con respeto al debido proceso, lo que implica la individualización de cada repatriación, independientemente del número de repatriados; y 3) continuar con la reforma y el adecentamiento institucional para proteger mejor la frontera, hacer valer las leyes laborales y fortalecer nuestro régimen migratorio.

Flavio Darío Espinal