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Efectos de una política minera ambivalente

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Efectos de una política minera ambivalente

Ex Presidente de la Sociedad Dominicana de Geología (SODOGEO)

El Estado Dominicano continúa implementando una política minera ambivalente, desfavoreciendo al sector minero. Por un lado creando y organizando el nuevo Ministerio de Energías y Minas (MEM), y, paradójicamente, por otro lado negándole el pago a las municipalidades mineras de la provincia Sánchez Ramírez, correspondiente al cinco por ciento de las ganancias generadas por la mina de oro de Barrick-Pueblo, según lo estipulado en el contrato del 2009.

El gobierno Dominicano le dio prioridad a la creación del MEM en el año 2013, entrando en funciones en el año 2014. Según la Ley de Presupuesto General de los años 2014 y 2015, el MEM recibió una asignación presupuestaria total de RD$1,528 millones, creando una nueva burocracia con más de 200 nuevos empleos, en su mayoría en la ciudad capital. Probablemente una inversión positiva, si logra el objetivo de fomentar el desarrollo de la industria minera en su forma responsable.

El Estado no ha publicado datos precisos del monto recibido por concepto del Impuesto Sobre la Renta de Barrick-Pueblo Viejo en los años 2013 y 2014. Pero, según declaraciones de la Alcaldía de Cotuí, municipio cabecera de la provincia Sánchez Ramírez, utilizando informaciones suministradas por la empresa minera, estimaron que les adeudan alrededor de RD$1,637 millones a las municipalidades de esa provincia. Sorprendentemente, en el mismo orden de magnitud al presupuesto asignado al MEM.

De ser correcta esta estimación, se puede inferir que el Estado Dominicano consideró más importante invertir RD$1,528 millones en el MEM que pagarle RD$1,637 millones adeudados a las municipalidades de la provincia Sánchez Ramírez, privando a estas comunidades mineras de los beneficios de la minería, en una provincia donde predomina la escasez de servicios básicos y obras de infraestructuras.

Resultado de esta política minera ambivalente común del siglo pasado, que concentra los beneficios mineros en las grandes ciudades, carente de transparencia e inversión en las comunidades mineras, la mayoría de los dominicanos tiene la percepción que los proyectos mineros solo benefician a las empresas mineras y a los políticos de turno, y a las comunidades mineras solo les dejan el abandono y la contaminación.

Esta apatía de los dominicanos a la minería fue confirmada recientemente en el debate sobre declarar Loma Miranda Parque Nacional o permitir a la empresa minera Falcondo la extracción del ferroníquel presente en esa zona. Según encuestas tomadas en el mes de Agosto, más del 80 por ciento de los dominicanos querían convertir Loma Miranda en Parque Nacional, y, probablemente, bajo el presente esquema será muy difícil obtener la licencia social a ese proyecto.

El Estado Dominicano es el principal responsable de mejorar esa percepción negativa de la minería con soluciones innovadoras, ya que medidas necesarias como: llamado a diálogo nacional, anuncio de integración, organizar congresos, firma de acuerdos de transparencia, desarrollo de la pequeña minería, entre otras, han sido tomadas en varias ocasiones en los últimos 50 años y no han sido suficiente para persuadir a la población.

Si queremos aprovechar los recursos mineros para financiar las futuras obras de desarrollo del país, el Estado deberá recuperar su credibilidad ante la población, solucionando los problemas sociales de la minería. Una forma efectiva sería empezar pagando el 5 por ciento a las municipalidades mineras de Sánchez Ramírez y asegurarse que ese dinero sea bien invertido. Así como también, transparentar los ingresos del Estado provenientes del proyecto Barrick-Pueblo Viejo y especificar detalladamente las obras que se están realizando con esos recursos.

El Estado dominicano debería definir mejor los objetivos de su política minera, descontinuar la presente ambivalencia, que está afectando la sostenibilidad social del proyecto Barrick-Pueblo Viejo y creando condiciones adversas para la obtención de las licencias sociales en los futuros proyectos extractivos mineros y petroleros. Y, en el peor escenario, evitar que pasados cinco años tengamos un moderno Ministerio de Energía y Minas solo para supervisar la mina de oro de Barrick-Pueblo Viejo.