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El candado de hoy, es la tranquilidad de mañana

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El candado de hoy, es la tranquilidad de mañana

Ulises Francisco Espaillat afirmaba: “Sí, deseo que venga la inmigración; pero no como regularmente se entiende.” El patricio pensaba en una inmigración calificada, que proveyera “la fuerza de la iniciativa”, que introdujera creatividad, sentido de disciplina y organización en el trabajo, algo parecido a lo que Canadá ha asumido en nuestro tiempo como política inmigratoria: fomentar el ingreso de profesionales jóvenes con grado de maestría o doctorado.

Pero no, no es eso lo que estamos consiguiendo; es todo lo contrario.

En los últimos 25 años, la República Dominicana ha sufrido la invasión pacífica de cientos de miles de haitianos al amparo de la debilidad institucional y la falta de responsabilidad y de consciencia nacional del liderazgo político para contener y revertir el flujo migratorio.

A lo anterior se ha unido la voracidad de un segmento amplio de la clase empresarial que se ha enriquecido empleando mano de obra indocumentada, y la apatía y servilismo presente en parte de la población dominicana.

Las consecuencias han sido la expulsión de dominicanos del mercado laboral obligados a emigrar o a sumergirse en la informalidad y desprotección social; la depresión de los salarios reales; la reducción del ritmo de incorporación de tecnología e innovaciones.

Las calles y los caminos rurales han estado colmados de trabajadores haitianos de baja calificación; los hospitales públicos se han visto repletos de parturientas haitianas; hábitos no deseables se han estado imponiendo. El nivel promedio educativo dominicano ha estado sintiendo la presión hacia abajo creada por inmigrantes con ningún grado educativo, que plantea retos formidables para el futuro.

Está en marcha un proceso de desnacionalización. Algunos países e instituciones internacionales pretenden que el pueblo dominicano, de por sí pobre, asuma el drama haitiano, más pobre aún, para lo cual tratan de deslegitimar la política migratoria y el ordenamiento jurídico.

Es imperativo que la sociedad dominicana reaccione, se organice y cierre filas para cambiar el estado de cosas. Hay que unificar a la nación ante una amenaza externa de tanta envergadura.

Y para lograrlo, hay que empezar por dar crédito a los que en los últimos tiempos han actuado bien, aún fuere presionados por las circunstancias.

Ha actuado bien la Suprema Corte de Justicia cuando en su sentencia de diciembre del 2005 aclaró qué debe entenderse como “extranjero en tránsito”, término que figura en las constituciones dominicanas desde 1929 e induce a malos entendidos.

Ha actuado bien el Gobierno dominicano y el Congreso Nacional, al aprobar en agosto de 2004 la Ley de Migración 285, y su reglamento posterior de octubre del 2011 (nótese que entre ley y reglamento transcurrieron 7 años), que “pone a cargo del gobierno dominicano la preparación de un plan nacional de regularización de los extranjeros ilegales radicados en el país”. Ha actuado bien el Tribunal Constitucional cuando, en su histórica sentencia 168-13, concuerda con que la expresión “extranjeros en tránsito” se vincula a la categoría de “extranjeros no inmigrantes”, contenida en la Ley de Migración No. 95, de 1939, a cuyos hijos nacidos en territorio nacional no se les aplica el ius soli, y por tanto, no tienen derecho a la nacionalidad dominicana. Es esta sentencia la que ha obligado al Estado dominicano a afrontar este delicado problema.

Ha actuado bien el Gobierno dominicano y el Congreso Nacional, al hacer provecho del pie de amigo presente en la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional en su acápite sobre “las imprevisiones legales de la política migratoria dominicana y las deficiencias institucionales y burocráticas del registro civil”, al poner en vigencia la Ley 169-14 que crea el Plan de Regularización para solucionar el problema de los hijos de extranjeros nacidos en territorio dominicano, registrados y no registrados en el Registro Civil.

Ahora hay que adoptar las medidas indispensables para que nunca más vuelva a repetirse lo que ha ocurrido.

Esto implica, primero, manejar con destreza el torbellino desatado por el interés del gobierno haitiano y de otras instituciones internacionales en desacreditar el plan de regularización y la política de otorgamiento de la nacionalidad. Hay que intensificar la campaña de información anunciada por el gobierno, utilizar en este empeño a las mentes más preclaras, y actuar con firmeza, sin ceder un ápice en grados de soberanía.

En segundo lugar, no permitir en lo adelante que ningún indocumentado obtenga trabajo en el país. Eso significa sellar la frontera para que nadie la cruce sin estar autorizado y deportar a los que continúan como ilegales. Pero, más importante aún, sellar el mercado de trabajo para que nadie contrate a indocumentados sin papeles y sin seguridad social. Se requiere aplicar sanciones aleccionadoras a quienes los contraten.

En tercer lugar, proceder a dominicanizar la frontera. No se trata de llevar a cabo planes binacionales para contratar mano de obra haitiana. No. Se trata de invertir en infraestructura de calidad y en proyectos para que se asienten familias dominicanas a lo largo de la frontera, para lo cual habría que crear incentivos para producir allí, generando valor agregado nacional sustancial. Hay que convertir la zona fronteriza en un vergel agrícola y forestal, creando industrias y servicios.

En cuarto lugar, aprovechar la próxima modificación de la Constitución para establecer el ius sanguini como única opción de obtención de la nacionalidad, salvo casos especiales, puesto que aunque la Constitución de 2010 contiene previsiones tranquilizantes, deja flancos abiertos a la interpretación interesada de gente maliciosa que quiere hacer sucumbir la organización social dominicana.

Hay que evitar que por argucias legales, el país termine haciendo de nuevo un trueque de negocios y empleo por nacionalidad. Eso no. Ya ha sucedido, pero no debería repetirse. El candado que se ponga hoy, es la tranquilidad de mañana.