El principio de autoridad

En todo Estado debe primar el principio de autoridad, que no es otra cosa que la aplicación de la ley por la autoridad competente a todos los ciudadanos sin excepción. Pero en nuestro país, la ley tiene un ojo abierto para distinguir entre los ciudadanos. Así, si usted es un “padre de familia”, hay que permitirle que viole todas las leyes de salud e higiene, que no se detenga en la luz roja si es un conductor de carro público, que pueda ocupar propiedades y levantar mejoras sin que ningún título de propiedad valga, y un largo etcétera que todos conocen.

Pero también existen ciudadanos “de primera” que se sienten autorizados a abofetear o amenazar con armas de fuego a agentes de la autoridad, en este caso indefensos agentes de tránsito y, por supuesto, existen los “intocables” que pueden mudar el más preciado de nuestros monumentos para el patio de su casa y no les pasa nada.

Ayer, en Guatemala, la justicia de ese país metió presos a un hermano y al hijo del presidente de esa nación por fraude y en otros países centroamericanos, en los últimos años, han caído presos varios presidentes de esas repúblicas por diversos delitos.

Ningún cataclismo han provocado esas detenciones. Al contrario, las democracias de esos países han salido fortalecidas y ha aumentado enormemente la confianza de la ciudadanía en sus sistemas políticos.

Aquí, desde Jorge Blanco, sólo ha habido retaliaciones políticas, pero no ha caído preso ningún político de renombre ni familiar suyo por enriquecimiento con dineros públicos o por haber cometido otras “indelicadezas”.

Sin principio de autoridad efectivo, aprobar leyes o cambiar funcionarios, es una caricatura que ni siquiera da risa.

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Adriano Miguel Tejada