¿Para qué el Estado?

Cada vez que en nuestro país se presenta una situación que requiere mejora, cambiar conductas, o hasta hacer un simple desalojo de un solar, se habla de que “existen intereses poderosos” que impiden que la acción se ejecute.

Nos parece que es una excusa barata para encubrir la venalidad de los funcionarios y su incapacidad de cumplir con su deber.

Si es verdad que en democracia las medidas se deben tomar por consenso, esto no quiere decir que el Estado, que tiene legalmente el monopolio de la fuerza, no deba actuar en función del interés público, que es en verdad “lo que nunca ha hecho”.

Si los funcionarios, que juraron cumplir la ley, hicieran realidad ese juramen-to, aquí no habría problemas o, al menos, se hu- biesen institucionalizado formas de arreglarlos.

¿Cómo es posible que no se pueda cambiar un texto de escuela, cuando el Estado manda en ese sector? ¿Por qué no se arregla el tránsito y se cortan los monopolios en el transporte?

Hay que recordar que los ciudadanos, en virtud de un pacto con el Estado, aportan apoyos en forma de conducta, impuestos y otros bienes sociales, para que el Estado garantice seguridad y bienestar, entre otros.

El pacto no es para mantener funcionarios irresponsables, ni para guardar la ropa hasta las próximas elecciones.

Es evidente que el Estado no está cumpliendo su parte del trato en los temas de más relevancia para la ciudadanía. Es tiempo de cambiar al Estado o los funcionarios.

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Adriano Miguel Tejada