A menudo, funcionarios que deben tomar decisiones -sobre los más diversos temas- justifican su inacción escudándose en “presiones políticas”.

Es una de las grandes estafas a las que nos someten. Si un funcionario no tiene capacidad para resistir presiones de sus compañeros de partido, no es apto para manejar asuntos de trascendencia para la democracia, para la vida diaria de los ciudadanos. Está incapacitado para el puesto que le han dado.

Las presiones vienen de arriba, del lado o de abajo... En realidad no importa. El escudo que necesita y contra el que choca cualquier presión es el cumplimiento de la ley.

Y esto, que parece obvio, es uno de los vicios más arraigados en nuestra política. Presión para contratar a familiares y amigos. Para otorgar un permiso, para dejar dormir otro. Presiones para mirar para otro lado en temas ambientales, urbanísticos, impositivos. Para enfangar un pleito que se presenta poco favorable o para acelerar el que conviene.

Así, aunque no esté muy convencido, el funcionario que no resiste las llamadas, los papelitos, los “consejos”, los mensajes que se envían unos a otros hasta por la prensa se convierte en cómplice de una irregularidad.

Nos han convencido de que las dificultades económicas de un país en vías de desarrollo son excusa válida para dejar de hacer lo que hay que hacer. La pobreza como excusa, como justificante, como argumento se ha instalado en la vida política. Desde el barrilito ilegal hasta las invasiones contra la propiedad privada, todo se maneja desde la trinchera de las “presiones”.

La pobreza, esa generadora de tantas fortunas...

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Inés Aizpún