Y llegaron al Congreso

El 5 de julio la prensa colombiana recogía la siguiente noticia: “Timochenko ordena a las FARC suspender la extorsión”. Las víctimas de este chantaje al estilo del “impuesto revolucionario” de ETA eran los campesinos, ganaderos, comerciantes de las zonas limítrofes a las guaridas de la banda. La explicación (obvia, lógica) era que había que dar de comer a miles de guerrileros.

El punto es que ahora, firmado el acuerdo de “paz”, estos insignes ciudadanos serán representantes del pueblo colombiano. Tendrán su curul asegurada por al menos dos legislaturas. Cinco escaños en el Congreso de los diputados y cinco en el Senado. Ganen o pierdan en las elecciones, en las que por supuesto se les permitiá participar.

Serán los capitanes de tan despreciable “ejército” los que ahora legislarán para el pueblo colombiano. No basta con que hayan asesinado, secuestrado, torturado, extorsionado, traficado con drogas... nombre cualquier delito que probablemente les calza. No basta con ese prontuario para exigirles una rendición (todavía no han entregado las armas) o que cumplan las penas que ameriten sus crímenes para después tratar de reintegrarse a la sociedad.

Las condiciones de esta “paz” firmada bajo la complacida mirada de unos dictadores llevan a preguntar hasta dónde los políticos tienen campo libre para decidir sobre la vida de los ciudadanos en una democracia.

Pruebe a extorsionar al vecino, matar al que piensa diferente, traficar con droga, secuestrar y corromper a menores... Y luego pida una diputación. Lo mismo tiene tanta suerte como Timochenko, el Senador.

IAizpun@diariolibre.com

Inés Aizpún