¿Debe seguirse invirtiendo en hidroeléctricas?

Las hidroeléctricas se constituyeron en una esperanza nacional a raíz de la caída de la dictadura en 1961. El primer gran proyecto realizado fue la presa de Taveras. Desde entonces se han construido muchas, casi siempre con financiamiento foráneo.

Se conoce del alcance de las obras, de la majestuosidad de los proyecto de ingeniería, de los túneles, compuertas, lagos, del surgimiento de grandes oportunidades de negocios que se tejen alrededor de estas construcciones, pero se sabe poco de la relación costos beneficios, y mucho menos del deterioro ambiental y social que es consustancial a estos monumentos.

Y, lo que es peor, algunas de ellas fueron diseñadas contando con la disponibilidad de un volumen de agua que en la realidad no existe, y construidas con un presupuesto elástico, cuya cifra final es un múltiplo aventajado de la inicial.

Es sorprendente la poca atención que se presta a los fuertes montos de inversión en las hidroeléctricas, al endeudamiento público a que obligan, a la patética deforestación en sus cuencas, al quizás irreversible daño ecológico que inducen, y a la magra contribución que hacen a la generación de energía.

¿Cuál es el misterio que explica la fascinación por construir hidroeléctricas que no disponen de caudal de agua, por contratar préstamos cada vez más altos, y las más sofisticadas prácticas de la ingeniería mundial, para tan poca cosa?

¡Oh país, tan propicio a las paradojas! ¿Qué trato tan ventajoso hizo el gran cacique para que tengamos que seguir para siempre doblegándonos ante su influjo?

Al tiempo que esto sucede, hay un sector eléctrico que lleva decenios en crisis, sin solución, ávido de estabilidad, suficiencia, sostenibilidad. Pero, qué va. Ni caso. Nadie parece inmutarse. Y las correcciones se buscan en la periferia, con lupa, sin penetrar jamás al corazón de los problemas.

Se conoce que la inversión en distribución (subestaciones, cables, transformadores, contadores) es vital para reducir las pérdidas, dar calidad al voltaje, y eliminar el fraude. Por tanto, lo lógico es que tenga la mayor prioridad, porque además el retorno de esa inversión sería muy rápido.

El administrador de la CDEEE, con buen criterio, estimó en una ponencia realizada en INTEC en diciembre pasado, que más del 39% de la energía comprada por las EDES se pierde (unos US$700 millones para 2012; más de 500,000 clientes registrados en las EDES no realizan pago alguno; más de 100,000 usuarios reciben el servicio sin estar contratados; más de un millón de clientes no tienen medidores instalados, sino que se les estima el consumo. Y calculó que el déficit corriente mensual del sector eléctrico es de alrededor de US$83 millones mensuales (US$1,000 millones anuales.

Ahí está el diagnóstico en lo fundamental, a lo cual podría agregársele otros elementos de algún peso relativo, como el perfil de consumo de combustibles de las plantas, los contratos existentes, y otros, pero es obvio que lo que tiene mayor peso son las pérdidas causadas en el proceso de distribución.

Se estima que se requiere una inversión de alrededor de US$1,000 millones para poner a punto el sistema de distribución. Se supone también que el presupuesto de la nación resume el conjunto de prioridades nacionales.

Pero, veamos que sucede en la práctica.

En el presupuesto para el 2013 se puede ver las siguientes inversiones programadas, aunque su ejecución puede llevar varios años: Presa Manabao-Bejucal-Taveras, US$310 millones; Presa Las Placetas-San José de las Matas, US$285 millones, Presa de Monte Grande, US$250 millones, Presa del Artibonito, Elías Piña, US$163.8 millones, para un total de US$1,008 millones. En el mismo documento se aprecia una inversión proyectada para la mejoría de las redes eléctricas por US$78 millones.

O sea, US$1,008 millones para construir hidroeléctricas, de contribución dudosa y a largo plazo para solucionar la crisis del sector eléctrico, y sólo US$78 millones para mejorar el sistema de distribución en el corto plazo, vital para solucionar la crisis eléctrica.

Algo parece que no funciona en el proceso de asignación de prioridades, sujeto a una inercia que asombra. No cabe ninguna duda de que sería más eficiente invertir esos recursos en mejoría del sistema de distribución, en vez de colocar tantos recursos en construcción de hidroeléctricas. Aparte de eso, se podría licitar capacidad nueva de generación a carbón o gas natural, en convocatoria competitiva, abierta, lo cual no es excluyente con la inversión en distribución.

Si de verdad se quiere salir de la pesadilla de un sector eléctrico que lastra el potencial de la economía, se va a requerir tirar por la borda prejuicios, públicos y privados, y conducir al sector eléctrico hacia la solvencia, con reglas claras para todos, sin excepciones.

Eduardo García Michel