Rosario: “A la República Dominicana se le debe dejar concluir su reforma migratoria”

SANTO DOMINGO. El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, abogó porque a la República Dominicana se le deje concluir su reforma migratoria y el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en situación migratoria irregular.

Rosario detalló en el Diálogo Libre, de Diario Libre, las explicaciones que le dio a la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que recientemente vino al país la para observar la situación migratoria entre Haití y la República Dominicana.

“La auditoría que nosotros hicimos demostró varios elementos. El primero es que la historia de que los hijos de los hijos, los descendientes de los bisabuelos, los abuelos, estaban indocumentados, es totalmente falso”, indicó.

Precisó que en la auditoría del Registro Civil desde 1929 se revisaron más de 10 millones de folios que corresponden exactamente a 10 millones de expedientes de personas, y que solo se encontraron 60,869 con visos de irregularidad.

Aseguró que si se prorratean esos y se ven estadísticamente en función de los 10 millones, solo representan el 0.58% de los nacimientos registrados.

“Significa que las estadísticas solo tienen inconsistencias o irregularidad en un porcentaje muy por debajo del estándar de inconsistencia e irregularidad de todos los registros del mundo; eso quiere decir que lo normal es que haya una inconsistencia de un 2 por ciento a un 3 por ciento, incluso en algunos sitios hasta un 5 por ciento”, aseveró.

Rosario argumentó que solo hubo inconsistencia en 0.58% y de ese porcentaje solo era grave el 0.22%.

“Es decir que estamos hablando de que inconsistencias graves podríamos hablar de unos 30 mil, e inconsistencias superables entre 13 y 15 mil personas, que en este caso obtuvieron una solución definitiva con la Ley 169-14”, manifestó.

Precisó que esas irregularidades se deben a diversas causas, por ejemplo que una persona se presentaba y en ese momento mostraba un documento que decía que era su cédula de identidad. “La cédula nuestra era un cartoncito que tú agarrabas la fotografía y se la ponías con un clip y el oficial civil lo inscribía, era dominicano”, recordó.

El origen del conflicto

El presidente de la JCE acusó a algunos sectores de señalar que el Tribunal Constitucional y ese organismo fueron los que iniciaron este tema, cuando el origen del conflicto jurídico de denuncias contra el país se inicia en 1998 cuando la señora Solain Pie (Sonia Pierre) introduce a través del abogado Genaro Rincón una instancia ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), el 28 de octubre de 1998, representando a las niñas Dilcia Oliven Yean y Violeta Bosico Cofi.

“De ahí en adelante el país nunca ha tenido paz ni tranquilidad con relación a este tema, y eso terminó con una sentencia que fue dictada el 8 de septiembre de 2005 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya alrededor de esa causa giraba una cantidad importante de ONGs en el país, de activistas sociales y de personas que se identificaban como descendientes que no habían sido registrados”, apuntó.

Recordó que después de ese caso esa decisión fue a la Suprema Corte de Justicia en dos ocasiones, en 2010 y en 2011, y ésta ratificó su criterio.

Luego de tres sentencias que dictó la Suprema, ratificando el criterio de 2005, es que el Tribunal Constitucional dicta la sentencia 168-13, sostuvo Rosario.

A su juicio, hay que ser justos con el Tribunal Constitucional porque lo que hizo fue ratificar el criterio de la Suprema, que no lo podía variar aunque quisiera, porque hay una disposición de la Constitución que decía que todas las decisiones adoptadas con anterioridad de la entrada en vigencia de esa Constitución dictada por la Suprema, no podían ser revocadas. “Esa sentencia se le imponía al Constitucional”, explicó el funcionario.

Diario Libre

Abel Guzmán Then