Es correcta, jurídica e institucionalmente, la decisión del Tribunal Constitucional que determina que es el Concejo de Regidores el que tiene la capacidad legal para aprobar las decisiones sobre uso de suelo en los municipios.

La decisión no solo transparenta un asunto que en el pasado se prestó a abusos y a corrupción, sino que institucionalmente devuelve a quien en derecho manda en los cabildos que es el Concejo de Regidores, la facultad de decidir sobre el tema.

En el municipio dominicano se ha repetido el ideal y la realidad de la división de poderes en el Estado. El Poder Legislativo es el primer poder del Estado y el Poder Ejecutivo es el administrador del mismo. Ese es el esquema que se diseñó para los ayuntamientos pero, al igual que en el Estado, el Alcalde actúa como si controlara legalmente a las demás funciones.

La sentencia del Tribunal Constitucional devuelve a su estado ideal la situación de los ayuntamientos y los alcaldes harían muy bien en adecuarse a esa realidad que transparenta y consolida las operaciones municipales.

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