El costo económico de la criminalidad

“La inseguridad ciudadana tiene múltiples impactos negativos para el desarrollo humano. El delito, la violencia y el temor limitan profundamente las capacidades y las libertades de las personas, la manera como construyen vida en sociedad y su relación con las instituciones del Estado. Por ejemplo, el porcentaje de personas que reportan haber limitado sus lugares de recreación por temor a ser víctima del delito va de un 20.6% a un 59.1% para distintos países de América Latina.” Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-14, PNUD

La sociedad dominicana ha sido sacudida por la escalada de violencia que se vive actualmente; una violencia que se origina en las más diversas fuentes de la estructura social e institucional del país, al extremo de que organismos públicos con responsabilidad en asegurar la tranquilidad ciudadana son, paradójicamente, fuentes de delincuencia organizada. No hay modalidad delincuencial que los dominicanos no hayan padecido; desde el robo al descuido, los asaltos a mano armada, los homicidios por encargo, la violencia de género, los crímenes del narcotráfico, hasta los delitos de cuello blanco, son realidades que de tanto tenerlas parecen adquirir el carácter de lo cotidiano. Pero en un abrir y cerrar de ojos nos hemos convertido en una sociedad altamente violenta, y ya estamos en la liga de los países latinoamericanos más violentos.

En el informe citado anteriormente se establecen cuatro dimensiones que explican el auge de la delincuencia en América Latina. La primera, tiene carácter económico y estructural vinculado a la calidad del crecimiento y el empleo, así como a la movilidad social. En el caso dominicano, esta dimensión puede considerarse de extrema importancia; baja calidad del crecimiento económico combinado con la más baja movilidad social de América Latina constituyen un factor de primer orden al momento de explicar los niveles de criminalidad en nuestro país.

Como segunda dimensión se señala que el deterioro de los nexos familiares, especialmente por la proliferación de familias monoparentales, la deserción escolar y el crecimiento acelerado del urbanismo «han erosionado el tejido social». En la tercera dimensión, el informe incluye los que denomina «facilitadores del delito», entre los que se encuentran las armas, las drogas y el alcohol. En nuestro país, el narcotráfico ha permeado los estamentos institucionales que están supuestos a combatirlo. Y esto nos lleva a la cuarta dimensión que explica el auge de la delincuencia en América Latina: la incapacidad del Estado para cumplir con su rol de asegurar la tranquilidad ciudadana, por deficiencias en el sistema de justicia, en la policía y en las cárceles.

El auge de la criminalidad impone costos distorsionantes a la sociedad. Los gobiernos se ven obligados a dedicar mayores recursos presupuestarios al tema de la seguridad, en detrimento de inversiones con una mayor rentabilidad social; con el agravante de que la ineficiencia estatal obliga a las empresas y a los particulares a proveerse su propia seguridad. Es así como en el país tenemos una proliferación de empresas privadas que compiten o sustituyen al Estado en la provisión de seguridad. En todo caso, los costos sociales y económicos son extremadamente altos. De acuerdo con un estudio –citado por el PNUD- , los costos generados por la delincuencia en términos del PIB pueden estimarse entre un 3 y un 10%. O sea que en el caso dominicano –de altos niveles de violencia- la delincuencia podría estar succionando más recursos que el 4% para la educación.

El informe deja claro «que no existe una solución única para fortalecer la seguridad ciudadana de la región», y que es preciso tener en cuenta las particularidades de cada realidad. Pero hasta ahora, las reformas que se han introducido en los códigos y en las instituciones responsables de la seguridad ciudadana en nuestro país han sido un rotundo fracaso, si lo medimos por los ridículos avances que se han alcanzado en la lucha contra la delincuencia. Me parece que se debe a un problema de enfoque; se ha querido combatir la delincuencia en sus síntomas, sin tocar sus raíces. Independientemente de la gravedad de las sanciones, la delincuencia percibe que existe una alta probabilidad de delinquir sin que el sistema de justicia –por las razones que fueren- los sancione ejemplarmente.

Aun reconociendo que la propagación de la criminalidad obedece a una multiplicidad de factores que son recogidos en las cuatro dimensiones que enumeramos precedentemente, es importante destacar que en el caso dominicano el denominado modelo económico es un generador de pobreza y de violencia. Inevitablemente, la pobreza –en sentido general- está asociada a la violencia; mientras más desarrollado es un país, menores son los niveles de delincuencia. Cuando se analizan las cifras económicas, se puede observar que los mayores niveles de desempleo se encuentran entre la población más joven, y que son precisamente los jóvenes los que cometen la mayoría de los actos criminales. De ahí que no será posible alcanzar la tranquilidad ciudadana sin reconfigurar –entre otras medidas- al modelo económico dominicano.

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Pedro Silverio Alvarez